Por: Susana Noguera Montoya
En un nuevo intento por reparar el daño que causaron los secuestros en Colombia, la Farc radicará este miércoles ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cinco versiones territoriales del extinto Bloque Oriental de esa exguerrilla.
Las ampliaciones que se entregarán a la justicia transicional hacen parte de un proceso que inició en julio de 2018, cuando la JEP abrió el Caso 001 a partir de un informe de la Fiscalía General de Colombia titulado “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”.
La investigación da cuenta de un doloroso capítulo de la historia de Colombia. El documento identifica a 8.163 víctimas de secuestros que habrían sido cometidos por la extinta guerrilla y señala que hubo secuestros de miembros de la fuerza pública, políticos y empresarios con finalidades de canje y extorsión, entre otras.
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En Colombia algunas víctimas duraron años retenidas de forma ilegal y han denunciado tratos crueles e inhumanos como la retención en jaulas, con cadenas al cuello y en constante vigilancia, aún cuando tenían que hacer sus necesidades.
El secuestro fue una práctica que no debió haber sucedido, dice Jaime Alberto Parra, quien en tiempos de guerra era conocido en las Farc como ´El médico´. “Eso fue un error”, reconoce Parra, quien ahora es parte del Consejo Político Nacional del partido Farc.
El coordinador de la defensa de Farc ante la justicia transicional, Diego Martínez, dice que “las Farc han manifestado que sí practicó el secuestro y han pedido perdón al país por esta grave afectación. Estos hechos constituyen graves crímenes a la luz del derecho internacional”.
Martínez afirma que los excombatientes están dispuestos a reconocer y a explicar las retenciones ilegales “en la magnitud de lo sucedido”.
A pesar de que el partido Farc haya afirmado una y otra vez que busca ofrecer toda la verdad, el Caso 001 ha estado envuelto en fuertes controversias. Diferentes víctimas han salido públicamente a mostrar su desacuerdo con la forma como avanza el proceso y pedir que los excombatientes reconozcan y hagan énfasis en su responsabilidad por los tratos crueles e inhumanos a los que fueron sometidas.
Las heridas abiertas del secuestro
Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada en 2002, envió una dura carta a la JEP asegurando que la Farc intenta justificar el secuestro. “Las FARC se apropiaron de mi vida, de mi tiempo familiar y laboral, de mi recorrido político y de mi voz, para usarme como escudo militar, moneda de cambio y plataforma mediática. Ahora siguen haciéndolo, usándome para justificar sus comportamientos delictivos ante la JEP”, dijo en su misiva.
Betancourt, quien era candidata presidencial al momento de su secuestro, hizo un detallado recuento de diferentes formas de tortura psicológica y física que sufrió y las calificó como producto de una “complacencia en el odio, la sed de dominación, el machismo, y la estimulación grupal del sadismo”.
Diego Martínez dice que, ante las críticas de Betancourt y otras víctimas, la defensa va a “redoblar al máximo los esfuerzos para contribuir a hallar la verdad”. “Aquí hay un tema de mucho dolor, de mucha verdad no contada en estos 50 años y de mucha frustración. Hay que respetar el dolor y las apreciaciones de las víctimas”, afirma el abogado.
Martínez añade que el panorama para hallar la verdad es complejo ya que muchos de quienes participaron en los hechos ya no están. “Recordemos que gran parte del secretariado de la época no existe”, dice el abogado.
Otros de los aspectos que causan controversia en el proceso son las cifras de secuestrados. A las Farc se les atribuyen más de 6.000 secuestros, según organizaciones sociales, y según la Fiscalía, unas 8.163 personas fueron víctimas de ese crimen.
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La JEP pidió al partido Farc información detallada de 94 casos específicos de secuestro y la organización descartó la responsabilidad en 12 casos; reconoció la responsabilidad en 82. En ese recuento, dice Farc, se han encontrado casos que no tuvieron que ver con la guerrilla.
“Existe una tendencia de adjudicar todos los secuestros que hubo en esa época a las Farc”, dice Martínez. El abogado afirma que en la época era muy fácil realizar secuestros diciendo que los cometieron las Farc. “Ahora en varias decisiones de la Fiscalía se logra probar que esas estructuras (a las que se les adjudicaban los crímenes) no existían o no operaban en esa parte del país. Entonces hay un cuestionamiento que es en el tema de las cifras”, añade Martínez.
Lo cierto es que las Farc no eran el único actor armado que secuestraba en Colombia. Ahora hay declaraciones de excombatientes que dicen que la fuerza pública o bandas delincuenciales les ofrecían en venta secuestrados a las mismas Farc. “A nosotros nos achacaban todo lo que ocurría en medio de esa corrupción tan grande. Todos los hechos de secuestros se nos atribuían a nosotros, la mayor parte de ellos”, dice Jaime Alberto Parra.
Esto lleva a otra dificultad: recabar la información necesaria para resolver el caso cuando algunos de los excombatientes directamente relacionados ya están muertos y otros están en la disidencia.
“Los equipos legales hemos iniciado un proceso complejo de reconstrucción de los casos”, dice Martínez. La reconstrucción implica buscar al autor material, o alguna persona que estuvo en el lugar en el momento de los hechos, confrontarla con decisiones que posiblemente haya tomado la estructura de mando y sobre esas decisiones asumir las responsabilidades. “Ha sido un proceso difícil”, dice Martínez.
Unas de las estrategias para encontrar la verdad exigida por las víctimas son precisamente las versiones territoriales en las que se ahonda en el contexto específico de cada región y los comandantes encargados, entre otros temas.
Las versiones del Bloque Oriental son importantes por su extensión. Llegó a operar en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada y una pequeña parte de Santander.
Otra dificultad para encontrar la información es que muchos excombatientes no cuentan con seguridad jurídica y eso dificulta su participación en la justicia transicional. “Es difícil decirles a los excombatientes que confíen en el Estado cuando está seriamente incumpliendo con sus garantías de seguridad física y con sus garantías de seguridad jurídica. Es que tener 190 personas asesinadas y muchas del Caso 001 amenazadas es duro”, dice Martínez. Lograr construir confianza es un componente importante para lograr que los excombatientes participen activamente en la JEP y otorguen la verdad que necesitan las víctimas.
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Pero lo más difícil del proceso, dice Martínez, es “explicar, como lo piden las víctimas, sin justificar ninguna actuación por parte de la antigua guerrilla”. El reto que tiene ahora la agrupación es contar el máximo de verdad sin excusar ninguna actuación. Esa es la petición de fondo que parecen dejar las víctimas. “Es el deseo que en el marco de este proceso queden satisfechos los requerimientos de todas las víctimas, que va a ser más difícil por el número tan grande”, dice el abogado.
En el Caso 001 han otorgado verdad más de 350 excombatientes en todo el país y se han vinculado alrededor de 800 personas en más de 32 audiencias individuales y siete audiencias colectivas.
Si no solo el Caso 001, sino todos los que lleva la JEP logran avanzar, “podremos demostrar que nos va mejor negociando”, opina Martínez. “También podremos esperar una reflexión muy profunda de muchos actores armados sobre los delitos del secuestro y desaparición forzada, así como una reflexión profunda sobre el valor del esclarecimiento y el perdón”, añade el abogado.
El proceso aún es largo, pero podría permitirle a Colombia pasar la página y construir una nueva historia libre de conflicto armado por razones políticas. “El país debe pasar una etapa de perdón reconciliación y no repetición”, concluye Martínez.
