Política

El Gobierno de España aprueba un “requerimiento de incompetencia” contra Castilla y León por medidas antiabortistas

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España afirmó que su Gobierno se prepara para impulsar cuantas “iniciativas sean necesarias” para impedir la “tropelía” de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León.

Daniel Gallego  | 17.01.2023 - Actualızacıón : 18.01.2023
El Gobierno de España aprueba un “requerimiento de incompetencia” contra Castilla y León por medidas antiabortistas La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, durante una rueda de prensa en Madrid, España, el 17 de enero de 2023. (Javier Lizón - EFE)

ESTAMBUL

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, anunció este martes que su Gobierno aprobó un “requerimiento de incompetencia” dirigido al Gobierno de la Junta de la comunidad autónoma de Castilla y León tras su decisión de adoptar medidas antiabortistas, según informó la agencia de noticias española EFE.

Durante una rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consejo de Ministros en Madrid, Rodríguez explicó que el requerimiento de incompetencia es un paso previo a un potencial conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Rodríguez afirmó que su Gobierno no está dispuesto a permitir que se “retroceda ni un milímetro” en los derechos de las mujeres y señaló que se prepara para impulsar cuantas “iniciativas sean necesarias” para impedir la “tropelía” de las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León.

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La ministra portavoz reconoció que las medidas anunciadas por Castilla y León son todavía desconocidas y consideró “contradictorias” e “insuficientes” las explicaciones ofrecidas por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, y el presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, sobre lo que piensan hacer respecto a las mujeres que quieran abortar.

Rodríguez describió el requerimiento aprobado por el Gobierno como un mensaje de “firmeza y tranquilidad” que el Ejecutivo traslada a las mujeres de Castilla y León y a los profesionales sanitarios que demandan “seguridad jurídica” en el ejercicio de su empleo.

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