Lula da Silva lidera la intención de voto de las próximas elecciones presidenciales en Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil. En primera ronda, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) obtendría el 43,3 % de los votos, frente al 38,2 % que conseguiría el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Paraná Pesquisas, Lula da Silva creció unos 3,1 puntos porcentuales respecto al último muestreo, mientras que Bolsonaro cayó 1,8. El 15% de los encuestados declaró que no votaría por ninguno o elegiría las opciones blanco o nulo, mientras que un 3,4 % no ha decidido por quién votará o no contestó.

El Instituto Paraná Pesquisas estimó que la desaprobación a la candidatura de Bolsonaro es de 49,1 %, mientras que la de Lula da Silva es de 26,3%.

Los demás potenciales candidatos están por debajo del 10% en la intención de voto previo a los comicios del próximo año. El Instituto Paraná Pesquisas informó que consultó a aproximadamente 2.010 personas en 26 estados y el Distrito Federal, entre el 24 y el 28 de julio de 2021.

Lula da Silva recuperó sus derechos políticos el pasado 16 de abril, cuando la Corte Suprema anuló por conflicto de competencias cuatro juicios que cursaron en contra del expresidente en tribunales de Curitiba (Paraná) y decidió que las causas deberán reiniciarse en otros juzgados. La sentencia no lo exculpó, pero dejó sin efecto las condenas proferidas.

El 23 de marzo de ese año, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal determinó que el exjuez Sergio Moro fue parcial en los procesos contra el expresidente. Por tres votos a favor y dos en contra, declaró que el exjuez actuó incorrectamente en los procesos judiciales por los que se condenó a prisión al exmandatario.

Moro condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión el 5 de abril de 2018. El expresidente permaneció un año y siete meses privado de libertad, hasta que en noviembre de 2019 el STF declaró que su encarcelamiento era inconstitucional.