Camila Fernanda Moreno Camargo
25 de mayo de 2021•Actualizar: 25 de mayo de 2021
El Gobierno argentino y la empresa Pfizer negaron de manera categórica los supuestos sobornos que pidió el Estado para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, elaboradas por dicha farmacéutica, luego de la acusación hecha por la exministra de Seguridad Patricia Bulrich.
“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, sino también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”, escribió el presidente argentino, Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el laboratorio Pfizer aseguró a través de un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de vacuna COVID-19”.
La política Patricia Bulrich hizo las acusaciones en una entrevista con LN+, donde aseguró que el anterior ministro de Salud Ginés González, quien presentó su renuncia por haber participado de la vacunación irregular de personas allegadas al Gobierno, pidió a Pfizer “un retorno” de dinero para cerrar al trato.
“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, dijo Bulrich.
El Gobierno argentino se demoró en cerrar el contrato con Pfizer para la compra de vacunas, debido a cláusulas que el mandatario Fernández calificó en su momento de “leoninas”. Sin embargo, el contrato finalmente fue firmado entre las partes.
El presidente aseguró que iniciará acciones penales en contra de la exministra: “He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.
Ver también: Argentina recibirá 843 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19.
