Daniel Quintero: “Si fuera por los argumentos de la procuradora, Colombia se hubiera quedado sin alcaldes”

Daniel Quintero parece estar obsesionado con los computadores. En varias entrevistas ha asegurado que un computador le salvó la vida. Su madre, que era costurera, logró ahorrar con la esperanza de que este lo entretuviera y evitara que saliera a la calle, en la época más oscura de Medellín, en la década de los 90, en medio de la violencia y el narcotráfico.

Dos años después, su madre falleció sin saber que aquel computador no solo lo había mantenido a salvo, sino que con él empezaría a programar, y que gracias a eso, luego, se convertiría en ingeniero electrónico, empresario de software y, finalmente, en alcalde de Medellín.

Pero hoy, cuando ese cargo es puesto en duda, luego de que este 11 de mayo fuera suspendido por la Procuraduría por participación en política, Quintero decidió recurrir a una forma de comunicación más sencilla y rudimentaria: una carta escrita a mano que ha divulgado a través de sus redes sociales, en la que –apelando a la cercanía de su letra un poco desordenada–, le pide a la ciudadanía que lo apoye en su lucha por la reconquista de la alcaldía de Medellín.

Según Quintero, en diálogo con la Agencia Anadolu, para destituirlo se “violó la Constitución y la ley, los tratados internacionales que lo prohibían y que insistían que solo un juez después de un juicio justo podía sacarnos del cargo al que nos habían llevado los ciudadanos por mandato popular”.

La procuradora Margarita Cabello, por su parte, ha señalado que "la Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular".

Además, señala que la participación en política no se limita al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos.

En ese sentido, aunque Daniel Quintero no ha hecho referencia directa a ningún candidato, un video publicado por él en el que se invitaba a hacer “un cambio en primera” (apelando a los cambios de un vehículo) fue considerado una referencia implícita a la invitación que ha hecho el candidato presidencial Gustavo Petro a ganar las elecciones en primera vuelta.

Quintero, que a lo largo de su vida se ha movido entre los extremos –fue mesero y vendedor ambulante, pero también se graduó de la universidad más costosa del país y estudió en el Harvard Kennedy School of Government y en la Boston University–, dejó sus labores burocráticas en la Alcaldía para volver a las calles a repartir fotocopias de su carta, en la que además promete entregar otros 150 mil computadores, y reencontrarse con la ciudadanía.

Pese a ostentar uno de los cargos más importantes del país, es gracias al apoyo que esa ciudadanía le ha prestado a través de una colecta pública que este lunes se encuentra en Washington exponiendo su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ustedes van a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y están pidiendo además medidas cautelares. Significa que esta es una pelea que busca trascender...

Así es, y lo es porque ya el Estado colombiano había sido condenado por hechos similares hace una década, cuando Gustavo Petro, hoy candidato presidencial, primero en las encuestas, le hicieron exactamente lo mismo. El (entonces) procurador Alejandro Ordóñez, hoy nombrado por el presidente Iván Duque como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), destituyó al 30% de los alcaldes del país por las mismas razones que hoy la procuradora: porque no hacían parte de su línea política, porque no estaban votando por su candidato a la presidencia. Y esto se detiene cuando la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos deciden tomar cartas en el asunto, condenan al Estado y restituyen en el cargo a Gustavo Petro.

¿Puede asegurar usted que no incurrió en una participación indebida en política?

Es que la disposición de no participar en política en la Constitución colombiana no existe. Existe, pero para los militares. Existe sí un vacío legal. La Constitución dice que una ley estatutaria reglamentará cómo podrán participar los funcionarios en política. Como esta ley no se ha reglamentado, entonces el Estado colombiano ha entendido que no se puede realizar participación en política: significa que un alcalde en Colombia no puede decir por quién va a votar. Ahora, como la procuradora no pudo encontrar ninguna expresión nuestra en redes sociales ni ningún comentario en ninguna entrevista que dijera que yo iba a votar por el candidato Gustavo Petro, entonces lo que dijo es que a pesar de que no lo había hecho, se podía intuir en el imaginario colectivo que sí, y con ese argumento avanzó en el proceso de suspensión, pero ya declaró la culpa grave, entonces esto va a pasar a un proceso de destitución, y seguramente, como a Gustavo Petro, a una inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos y para ser elegido nuevamente a través de votación popular.

Pero la decisión de la procuradora Margarita Cabello señala que no es una destitución sino una suspensión por tres meses…

Ellos lo hacen como una estrategia, precisamente mediática, para moderar el efecto de lo que quieren hacer, pero nosotros desde febrero ya habíamos ido a la Comisión Interamericana a denunciar que había un plan para destituirnos o para asesinarnos, y que en ese plan estaban avanzando. Pero estamos seguros de que con presión internacional y con presión ciudadana vamos a lograr resolver este problema.

Ha dicho que gran parte de sus sueldos y recursos los ha tenido que destinar a defenderse de las investigaciones y procesos en su contra. ¿Tan agotador ha resultado este proceso?

En efecto, estamos agotados en los gastos financieros que han implicado las defensas jurídicas, no solo en este caso sino en una artillería de procesos legales e incluso de montajes, que han quedado todos desvirtuados en el tiempo pero que han requerido de un esfuerzo económico muy grande. Esta es la primera vez que recurro a la ciudadanía para financiar los procesos legales, y pues la buena noticia es que la gente ha respondido con mucho entusiasmo y ya estamos cerca de los gastos que estimamos vamos a requerir en la defensa jurídica y en la reconquista de la alcaldía de Medellín.

¿Cómo ha reaccionado la gente ante esta "vaca" o colecta pública?

Pues muy bien. La gente evidencia lo que ha venido haciendo el Gobierno nacional de una forma muy clara: que se ha materializado un golpe a la democracia en la ciudad de Medellín y que detrás de este intento hay un propósito claro, que es el de poner a un alcalde que sea de la misma línea política del candidato a la presidencia del Gobierno nacional (haciendo referencia a Federico Gutiérrez). Pero también de favorecer, de privilegiar a los grupos económicos con los que nosotros hemos entrado en fuerte contradicción debido a que estos grupos fueron los que nosotros denunciamos por las graves irregularidades en el proyecto de infraestructura más grande del país, una hidroeléctrica llamada Hidroituango, que termina colapsando, poniendo en riesgo la vida de 110.000 personas y generando daños que superan los USD 3 mil millones.

Nosotros en campaña, e incluso antes, ya habíamos denunciado estos hechos. Diez días antes de elecciones nosotros empezamos a recibir amenazas de muerte y hubo dos intentos de asesinato frustrados por la Policía Nacional. Luego somos elegidos con la mayor votación en la historia de la ciudad, y después de eso ha habido varios intentos del Gobierno nacional por tomar el control, y un proceso revocatorio que se descubrió estaba apoyado por parapolíticos y que fue financiado a través de un proceso de triangulación de recursos oscuros.

¿Cómo se defendió entonces?

Una vez caído este proceso de revocatoria, entonces supimos que había un plan, de parte del uribismo, de parte de estos grupos económicos, para sacarnos del cargo y para eso los órganos de control jugaban un papel muy importante. Recibimos muchas presiones de órganos de control, pero finalmente ya ante el desespero y la cercanía de las elecciones ellos toman la decisión de sacarnos en 12 horas, sin proceso legal, sin derecho a la defensa, en un acto que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y muchos otros actores han declarado como inconstitucional y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una de las cuestiones que llama la atención sobre su carrera es que empezó en el Partido Conservador, pero a lo largo de los años fue inclinándose hacia el otro lado de la balanza. ¿A qué se debe este cambio en su visión política?

Yo inicié mi carrera muy joven como conservador. Luego hubo un alejamiento muy grande de la política: me fui al sector empresarial, pero varios hechos, y en especial el análisis y el estudio de la situación del país, me llevaron a reconocer cómo los grupos económicos más poderosos habían utilizado el poder para mantener sus privilegios, y eso me llevó a crear el Partido del Tomate, a crear movimientos ambientalistas y finalmente a ser elegido como independiente, sin ningún partido político y sin los grupos económicos que financiaban y prácticamente elegían los alcaldes en Medellín.

Como reemplazo nombraron a Juan Camilo Restrepo, Alto Comisionado de Paz y persona cercana al presidente Iván Duque, ¿esto qué opinión le merece?

A pesar de que la ley exigía, para garantizar el orden público incluso, que en caso de suspensión o destitución se tenía que nombrar a un alcalde encargado del mismo movimiento, evidentemente eso no se está cumpliendo. Aquí, el hecho de que la mano que mece la cuna sea la del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y la del presidente Duque llevó a que se nombrara a un alcalde de la misma línea política tanto del presidente como de su candidato y de los grupos económicos con los que nosotros nos hemos enfrentado por los casos de corrupción en Hidroituango.

Usted presentó una terna con tres candidatas, mujeres que trabajaban con usted en la Alcaldía de Medellín, pero ninguna resultó elegida. ¿Qué pasó?

El Gobierno nacional decidió que el hecho de que fueran tres mujeres podía significar una falla a la ley de cuotas, que paradójicamente protege precisamente los derechos de las mujeres. Entonces lo que dice es que se debió haber incluido al menos un hombre.

Si recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que usted no confía en la institucionalidad del país. ¿Cómo ve entonces las garantías para las próximas elecciones presidenciales?

Pues hay pocas garantías porque si los mismos argumentos que ha expresado la procuradora los hubiera utilizado con el resto de los alcaldes que apoyan al candidato del Gobierno, pues prácticamente el país se hubiera quedado sin alcaldes. Hay más de 400 alcaldes que han participado públicamente en eventos con el otro candidato presidencial. Yo, insisto, creo que no debería haber restricción a la participación en política. Sí a la utilización de recursos públicos, que es efectivamente lo que está haciendo este Gobierno para apoyar a ese candidato.

¿Lo que usted dice es que el Gobierno ha privilegiado a las ciudades o alcaldes que apoyan a su candidato más cercano?

El Gobierno cambió la Ley de Garantías. En Colombia hay una ley de garantías que restringe las transferencias de dinero que hace el Gobierno nacional a las alcaldías durante el periodo electoral. El Gobierno nacional cambió esa ley de forma irregular, y lo que pasa en Colombia es que hasta que la ley no sea declarada inconstitucional, se supone constitucional. Entonces durante estos seis meses eso les permitió favorecer a un candidato presidencial, y no solo eso, en las elecciones parlamentarios que ocurrieron hace unos meses, favorecer a los candidatos de su propia línea política.

Y en ese periodo, mientras la Corte Constitucional la declaraba en efecto inconstitucional, se destinaron cuatro billones de pesos (cerca de mil millones de dólares) para aquellos alcaldes que hacían parte de la línea de Gobierno. Pero además el presidente Duque y hasta el general (del Ejército), Eduardo Enrique Zapateiro, que comanda a 300 mil hombres, han decidido participar en política. Este último caso es el más grave porque supone una politización de las Fuerzas Armadas, y al mismo tiempo crea dudas sobre si se va a dar o no una transición pacífica en Colombia en caso de que gane quien hoy está en el primer lugar en las encuestas.

En caso de que esto se logre resolver, ¿cómo ve su futuro político?

Yo venía de ser empresario y tomé la decisión por los recuerdos de esa Medellín en la que crecí llena de desigualdades, de pobreza y de violencia, de dedicarme a entender los problemas que tenía no solo Medellín sino Colombia. ¿Por qué le habíamos fallado a tanta gente?, ¿Por qué le habíamos fallado a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes, a tantos campesinos?, y ¿Qué se podía hacer para cambiar las cosas?. Decidí dedicar estos años, que creo que son los mejores años de mi vida en términos de energía y de inteligencia, a eso, a servir, y yo la verdad no concibo hoy otra forma de vivir que no sea sirviendo. Vamos ahora a terminar este proceso. En Colombia no hay reelección de alcaldes, pues quedaré libre electoralmente hablando después del 31 de diciembre, si recuperamos el cargo, y si no antes, si continúa y se materializa este golpe a la democracia en Colombia.

El ambiente general que uno puede percibir en el país es de tensión y temor. Se han tocado unas susceptibilidades que han despertado muchos fantasmas de Colombia. ¿Cómo ve el escenario tanto si gana como si no gana Gustavo Petro? Porque pareciera que ambos panoramas plantean muchos retos…

Pues por esa restricción absurda de que los políticos no puedan expresar opiniones políticas en el marco de las elecciones, no puedo responder esta pregunta completa, pero lo que sí puedo decir es que en Colombia los últimos tres, cuatro intentos de cambio han resultado en magnicidios. En solo una elección presidencial se asesinó a cuatro candidatos presidenciales. Entonces es normal que la gente no sepa a qué sabe el cambio, que esa palabra prácticamente se haya eliminado de nuestro diccionario, y que cause nerviosismo cualquier cambio, incluso en personas que estarían de acuerdo en que las desigualdades y las violencias de nuestro país deben cesar, y que hay formas de construir un mejor futuro.

Eso es lo que hemos hecho nosotros en Medellín. Hemos logrado mejores tasas en todos los indicadores sociales porque realmente no había que esforzarse mucho, simplemente había que quitar a unas sanguijuelas que estaban absorbiendo al Estado y que no dejaban literalmente a la sociedad respirar. Entonces el cambio no necesariamente es malo, lo que sí está por seguro mal es continuar como vamos, porque el país va en una línea en la que en lugar de mejorar los indicadores de desigualdad y pobreza, están empeorando, y los niveles de violencia de la misma manera.

¿Cree que esta sentencia, basada en el argumento de ese ‘imaginario colectivo’, se podrá sostener en el tiempo?

Ellos saben que un juez o la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos va a dar la razón, pero igual a como lo hicieron con la ley de garantías, que les permitió entregar 4 billones de pesos mientras se declaraba inconstitucional, lo mismo están haciendo con nosotros.