Sergio Felipe García Hernández
22 Octubre 2018•Actualizar: 23 Octubre 2018
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que devolvió al Congreso una ley que permitiría poner en libertad al exmandatario Alberto Fujimori, debido a que establece el arresto domiciliario para mayores de 65 años.
El jefe de Estado explicó en declaraciones a la prensa que la decisión de no promulgar la ley se fundamentó en que los legisladores no dedicaron el tiempo suficiente para analizar la medida.
“Hoy estamos presentando la observación a la ley. Los argumentos están plenamente justificados (…) Necesitamos una norma debatida a profundidad para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad”, sostuvo Vizcarra.
El mandatario indicó que su país sí necesita una ley que posibilite que personas de avanzada edad, con problemas de salud, cumplan su pena bajo arresto domiciliario, pero que se deben analizar sus condiciones.
“Está ingresando a mesa de partes del Congreso la observación de la norma con un debido sustento que será de conocimiento público. Es necesario una norma de este tipo, pero bien evaluada, justificada y consensuada", concluyó el dirigente.
El pleno del Congreso peruano aprobó el pasado 11 de octubre un proyecto de ley de ejecución humanitaria de pena que establece que las personas mayores de 65 años que hayan cumplido un tercio de su condena puedan cumplir el resto de la sentencia con vigilancia electrónica, dentro de la provincia donde está su residencia.
La ley beneficiaría a Fujimori, de 80 años, a quien la Corte Suprema de Justicia le anuló un indulto humanitario concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
El proyecto de ley fue presentado por la congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, y aprobada con 55 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por ser el autor mediato de dos masacres del paramilitar Grupo Colina en 1991 y 1992.
La justicia peruana halló culpable a Fujimori por el asesinato de nueve estudiantes y de un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, y por la muerte de 15 habitantes de la zona Barrios Altos, de Lima, a quienes se les acusó de tener nexos con grupos guerrilleros que nunca se comprobaron.
