El 24 de febrero la ONG Save the Children publicó el informe ‘Crecer sin papeles en España’, según el cual para 2019 había alrededor de 147.000 menores de 19 años en situación irregular en el país ibérico.

“Esta cifra representa una de cada cinco personas de nacionalidad extracomunitaria registradas en el padrón municipal para ese tramo de edad. La tasa de irregularidad de este grupo dobla prácticamente la tasa media para todas las edades, que está alrededor del 13%”, asegura el documento.

La mayoría de los niños y niñas migrantes en España es de origen africano (43%), de los cuales el 13% se encuentra en situación irregular. Sin embargo, la mayoría de los menores de edad que se encuentran sin papeles en el país es de origen latinoamericano: alrededor del 70% de los nacidos en Honduras y Perú se encuentra en esta situación.

“Tres de cada cuatro menores de edad en situación irregular proceden de América Latina. Colombia concentra los números absolutos más altos entre todos los países analizados. Uno de cada seis niños y niñas sin papeles residente en España proviene de este país. Le siguen en importancia otros países de la región como Honduras, Venezuela y Perú. De hecho, el progresivo aumento de la irregularidad en la infancia a partir del año 2014 está en buena medida relacionado con el rechazo de las solicitudes de asilo presentadas por familias procedentes de estos lugares”, dice el estudio.

De acuerdo con la ONG, las consecuencias de la situación irregular para los niños y niñas “son de largo alcance”. En tiempos de pandemia, en los que muchos migrantes han perdido su trabajo y han visto afectados sus ingresos, las personas sin papeles quedaron por fuera del Ingreso Mínimo Vital de varios Estados.

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“El alto riesgo de pobreza no es la única derivada de la irregularidad para los niños y las niñas. El acceso efectivo al derecho a la educación puede verse vulnerado por la ausencia de un permiso de residencia y de un Número de Identificación de Extranjero que impida su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas”, explica el informe.

Save the Children pide al Gobierno buscar una pronta solución para poder regularizar a los niños y niñas migrantes en España, ya que “los problemas se reproducen en ámbitos como el del acceso efectivo a la protección y la justicia, así como a la vivienda digna. El miedo a la deportación, el desconocimiento del idioma y la ausencia de redes personales pueden obstruir la protección de la infancia en asuntos de extraordinaria relevancia: violencia doméstica, abusos físicos y mentales e incluso explotación y trata”.