El Tribunal Constitucional de Chile expide una histórica sentencia este lunes 28 de agosto sobre la despenalización del aborto en donde aprueba la constitucionalidad de un proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.
La alta Corte comunicó que se rechazaron dos requerimientos, tanto de la Cámara como del Senado, que pretendían detener la aprobación del aborto. Las peticiones argumentaban que el ser en gestación es una persona, tiene derechos humanos y que también es víctima al hacer parte del vientre de una madre torturada en caso de un abuso sexual.
"El Tribunal ha acordado el rechazo de los requerimientos por 6 votos contra 4", destacó la Corte.
La subsecretaria del ministerio de la mujer y la equidad de género en Chile, Bernarda Pérez, le confirmó a la Agencia Anadolu que la iniciativa pasará a la Presidencia para su promulgación con lo que se convertirá en ley luego de que sean evacuados sus trámites en la alta corte.
Pérez afirmó que la despenalización del aborto se concede cuando la vida de la madre corra peligro, el feto tenga una alteración congénita o genética letal o el embarazo se haya dado luego de una violación sexual.
“La definición de estas tres causales se hizo atendiendo lo que indican los estándares internacionales de derechos humanos”, aseguró Pérez.
La subsecretaria informó que las tres causales las definió el gobierno chileno al considerarlas de extrema gravedad y afirmó que la responsabilidad del Estado era darles opciones a las mujeres para sobrellevar esas situaciones sin castigarlas con la cárcel.
El aborto causado por el riego en la vida de la madre o una alteración letal del feto podrá realizarse en cualquier momento del embarazo. La interrupción en la gestación por una violación sexual tiene un plazo de 12 semanas para las mujeres mayores de edad y de 14 semanas para las menores de 14 años.
“El plazo diferenciado para las mayores y las menores de 14 tiene relación con que las niñas no siempre son conscientes de sus procesos corporales. Un plazo de 12 semanas puede ser insuficiente para que ellas tomen plena consciencia de su embarazo y formen su voluntad en cuanto a qué hacer”, explicó Pérez.
La funcionaria del ministerio chileno de la mujer destacó que el proyecto les permite a las mujeres decidir cómo sobrellevar las tres situaciones críticas y que reconoce sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal y a la salud.
El proyecto de ley dispone que el personal que realice funciones al interior del pabellón quirúrgico podrá objetar en consciencia y no practicar un aborto. Pérez sostuvo la medida permite un adecuado equilibrio entre “la necesidad de la mujer de acceder a la prestación médica con las convicciones de los profesionales”.
La iniciativa, sin embargo, establece que no se podrá objetar en consciencia cuando la vida de la madre se encuentre en peligro y se requiera la atención médica en forma inmediata y cuando el plazo establecido en caso de una violación se halle ante su inminente vencimiento.
“El fin de estas dos disposiciones excepcionales es garantizar a la mujer, en casos especialmente calificados, su acceso a la intervención médica”, manifestó la subsecretaria.
La funcionaria de gobierno dijo que con la aprobación de este proyecto de ley se dio respuesta a una promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, a las sugerencias de organismos de derechos humanos y a las demandas de la ciudadanía.
“Esto representa un logro de primera importancia para nuestro gobierno y un hito histórico para nuestra república”, afirmó Pérez.
Chile deja de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todas las causales y transmite a la región su compromiso con las mujeres con la aprobación de este proyecto de ley, según la subsecretaria.
La iniciativa sobre la despenalización del aborto fue presentada por la presidenta chilena Bachelet en enero del 2015. El proyecto estuvo en debate en las cámaras políticas del país suramericano hasta el pasado 2 de agosto cuando fue aprobado por el legislativo.
La sentencia expedida por el tribunal este 28 de agosto aprueba la constitucionalidad de la futura ley que deberá volver a las manos de Bachelet para su promulgación.
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