Susana Noguera
18 Agosto 2017•Actualizar: 19 Agosto 2017
Los colombianos no salieron a las calles a celebrar cuando las Farc, la guerrilla más antigua del continente, dejaron las armas. Una de las razones es que algunos ciudadanos aún no sienten el tránsito hacia la paz en su vida cotidiana. Tumaco y Buenaventura, por ejemplo, viven la violencia de otros grupos armados ilegales que se tomaron los espacios que dejó el grupo insurgente.
La organización Médicos sin Fronteras (MSF) dio a conocer un informe en el que explica que hay un impacto de las otras violencias en la salud de la población colombiana. La salud mental y la atención a las víctimas de violencia sexual son dos enormes carencias de Buenaventura y Tumaco, dos poblaciones costeras del pacífico colombiano.
Juan Matías Gil, jefe de Misión de MSF en Colombia, cuenta que la organización humanitaria ha auxiliado a víctimas del conflicto armado desde 1994. En los últimos años, cuando las dinámicas del conflicto cambiaron, se enfocaron en las violencias urbanas.
“Son violencias menos evidentes pero muy serias. Hay grupos armados que controlan un sector, impiden la libre movilidad, empiezan a desplazar gente y asesinan a líderes comunitarios”, explica Gil.
En entrevista con la Agencia Anadolu, el experto en salud explica cómo las violencias de los grupos al margen de la ley, que algunos llaman neoparamilitares, está creciendo en esas dos poblaciones.
¿Cuáles son las características de la violencia en el posacuerdo en Buenaventura y Tumaco?
No vemos que haya un cambio sustantivo en la seguridad de las personas. Hay grupos armados intentando controlar los espacios que dejaron las Farc. Sus prácticas no son nada nuevas. Usan las amenazas, las extorsiones, los asesinatos selectivos y la violencia sexual para ejercer terror en la población.
Pero el informe no solo dice que se mantuvo la violencia sino que aumentó, ¿por qué?
Porque grupos que antes ni hacían presencia en la zona hoy están luchando entre ellos por las zonas de influencia que tenían las Farc.
¿Por qué específicamente Tumaco y Buenaventura?
Son dos ciudades costeras que además tienen muchos cultivos ilícitos. Tumaco es el municipio con más hectáreas de coca en el país. Los dos tienen desembocaduras de ríos que pasan por toda la región del Pacífico colombiano. Son corredores de droga y minería ilegal. Son las rutas para sacar los productos ilegales del país.
Siempre que se habla de la violencia que todavía vive Colombia, se habla del abandono del Estado. ¿Qué significa el abandono estatal para Tumaco y Buenaventura?
Significa que hace falta una presencia física de la Fuerza Pública y de las entidades encargadas de impartir justicia. También quiere decir que hay grandes carencias en sanidad. La salud en Colombia está lejos de ser ideal y el sistema de aseguramiento lejos de ser eficiente, pero por lo menos existe. La salud mental es casi nula. Ninguno de los dos municipios tiene psiquiatras.
¿Eso cómo afecta a esas poblaciones que han vivido la violencia por décadas?
Una de cada cuatro personas que atendemos tiene depresión. La mayoría tiene algún familiar reclutado, desaparecido o muerto y eso ha sucedido por varias generaciones. La mayoría de nuestros pacientes ha vivido al menos dos eventos de violencia traumáticos en su vida. Esto escapa cualquier parámetro de comparación internacional.
Ante ese escenario de emergencia humanitaria, ¿muchos ven la salud psicológica como algo secundario?
Hay necesidades que priman como tener qué comer o dónde vivir, pero eso se puede solucionar a corto plazo, pero si las afectaciones psicológicas no se tratan a tiempo se vuelven más profundas y hasta crónicas. El Estado ha reconocido esto en las leyes, pero los recursos no están disponibles y en la realidad no se aplica.
¿Cómo llenar el vacío tan grande que hay en materia de salud mental?
Se hacen algunas actividades psicosociales en las comunidades afectadas, pero eso no es suficiente. Hay que complementarlo con atención clínica. Eso es entendible luego de un conflicto tan largo. Algunas entidades prestadoras de salud (EPS) contratan al personal por poco tiempo, así que a los pocos meses los profesionales van dejando a los pacientes con tratamientos abiertos. Dejar procesos terapéuticos por la mitad es más dañino que no haberlos abierto.
¿Cómo han visto la atención a las víctimas de violencia sexual?
Es una violencia muy alta, pero al mismo tiempo subregistrada. Hay muchos estigmas alrededor de las violaciones sexuales. Recibimos muy pocos casos de hombres cuando sabemos que hay más. No hay un mensaje claro a la comunidad de que si sufren un ataque deben remitirse a un médico en las primeras 72 horas para evitar enfermedades de transmisión sexual. De los casos que recibimos en 2016 solo el 9% llegaron antes de que pasaran tres días de la violación.
