Alejandro Melgoza Rocha
23 Febrero 2018•Actualizar: 23 Febrero 2018
A pocos meses de que finalice la administración del presidente de México, Enrique Peña Nieto, una serie de delitos de alto impacto se han agravado año con año, por lo que queda una enorme lista de deudas en materia de derechos humanos.
El nuevo informe de Amnistía Internacional (AI), titulado ‘La situación de los derechos humanos en el mundo 2017-2018’ y publicado este jueves, documenta las problemáticas de diversos países, y en México enfatiza que la violencia aumentó en todo el país, en un contexto en el que las Fuerzas Armadas realizan las “labores habituales de la Policía”.
Las estadísticas lo confirman: en lo que va de esta administración se registraron 96.421 homicidios dolosos, siendo el 2017 el año récord de este delito, con 25.339 casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre las problemáticas que señala Amnistía Internacional están las detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas y otros malos tratos; desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, derechos de las personas refugiadas y migrantes, violencia de género, diversidad sexual, así como los homicidios de periodistas y defensores de derechos humanos.
La directora de AI en México, Tania Reneaum, explicó, en entrevista con la Agencia Anadolu, que el Gobierno de México “deja una deuda pendiente” con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los indicadores de violencia y la desatención del Gobierno mexicano en los informes internacionales.
En segundo orden, hace énfasis en la gravedad de la Ley de Seguridad Interior, decretada por el presidente Peña Nieto en diciembre del 2017, la cual prevé el involucramiento legal de militares en actividades de seguridad pública.
“Pedíamos datos empíricos que nos mostraran que la presencia militar podía tener un efecto en la seguridad, no pudimos conseguir la información. Y, a la par, la Cámara de Diputados y Senadores no hicieron caso a las recomendaciones”, explica Reneaum.
Sobre las desapariciones forzadas, el “caso emblemático” no resuelto es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por agentes estatales en septiembre de 2014 en Guerrero. “Se ha configurado como la mentira histórica. Las organizaciones consideramos que es la deuda pendiente de esta administración”, añade la directora de AI.
Por otro lado, en el tema del terremoto desatado en septiembre del año pasado, que causó derrumbes de edificios y cientos de muertes, Reneaum aseguró que detectaron descoordinación institucional y falta de transparencia.
“(Las víctimas) pueden tener la misma suerte de las personas que hace 33 años que se quedaron sin hogar (en el sismo de 1985)”, destaca Reneaum.
Otro problema que se acrecentó fue el de los derechos de los migrantes, pues por primera vez en la historia del país las solicitudes de refugio de Honduras y Venezuela superaron a Guatemala y El Salvador.
La Agencia Anadolu reportó el aumento de las solicitudes en un 2.000% durante 2017 por parte de venezolanos, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Secretaría de Gobernación.
Ante el panorama documentado en el informe, la directora de AI recomienda a los candidatos a la presidencia de la república, cuya elección será en julio de 2018, que “hablen de derechos humanos” para así lograr instituciones más sólidas.
