Por: Sergio García Hernández
Joel Hernández, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma que el cuerpo de Carabineros de Chile ha permanecido intacto por muchos años y requiere una reforma.
El comisionado, luego de su visita a Chile la semana pasada como parte de una misión de la CIDH, menciona que las más de 400 lesiones oculares durante las protestas se dieron por comportamientos de agentes que dispararon armas no letales, de forma repetida, a la cara y pecho de los manifestantes.
Hernández indicó en entrevista con la Agencia Anadolu que las denuncias de abusos sexuales en comisarías no han sido resueltas lo que genera un ambiente de impunidad.
¿Por qué la CIDH decidió realizar una visita a Chile?
Desde el 18 de octubre de 2019 cuando comenzó el estallido social en Chile, la Comisión ha hecho un seguimiento a la situación. Esto llevó a la CIDH a plantear al Estado la posibilidad de realizar una visita.
El propósito fue comunicarnos con todos los actores tanto de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y autoridades para tener el panorama completo de la situación.
¿Cómo llegó la CIDH a la cifra de 29 personas muertas durante las protestas?
Son cifras oficiales que están proporcionadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que es un organismo autónomo de derechos humanos que le ha venido haciendo seguimiento a la situación. Lo que hacemos es retomar las cifras de las propias autoridades nacionales.
¿Se puede hablar de un comportamiento sistemático de las fuerzas chilenas para provocar lesiones oculares?
Sí. Hay repetidas lesiones oculares lo que corroboró que al hacerse uso de perdigones se dirigían al pecho o la cara. Lo mismo sucedió con gases lacrimógenos y fue lo que ocasionó este daño. Las cifras que hay son oficiales.
Es un hecho que hubo cientos de personas que tuvieron algún tipo de lesión. Por supuesto hay casos muy graves. Hay una persona que perdió la vista y simplemente caminaba hacia su casa después del trabajo cuando tuvo esa fatal circunstancia.
¿Qué implicaciones tienen para los derechos humanos que se hayan presentado este tipo de lesiones?
Son expresiones del abuso del uso de la fuerza. En el control de una manifestación el uso de la fuerza debe ser una medida de último recurso. Debe ser de carácter proporcional, necesaria y estrictamente utilizada bajo ciertas circunstancias.
Por el repetido número de casos podemos ver que fue una acción en contra de los propios protocolos que tiene el cuerpo de Carabineros de Chile.
¿Qué encontraron respecto a las denuncias de abusos sexuales en comisarías durante las protestas?
Recogimos las cifras oficiales en la Fiscalía y denuncias de víctimas con las cuales nos entrevistamos y quienes narraron los abusos sexuales que sufrieron en el momento de la detención.
Imaginamos que en las primeras semanas de las manifestaciones hubo un alto número de detenciones y ahí hubo diversas arbitrariedades. La que más condenamos es que haya habido violencia contra la mujer.
¿Qué pudo motivar institucionalmente este tipo de abusos tan delicados?
Hay falta de apego a los protocolos establecidos. No estamos en vacíos jurídicos. Las normas no se cumplieron por una actitud dolosa de parte de los agentes de policía.
Por otra parte, hay una ausencia de sanciones a los agentes involucrados en abusos. Están aún en curso las querellas presentadas y eso da la sensación de que no se están tomando acciones. Eso genera un ambiente de impunidad que alienta las conductas violatorias.
¿Qué explicación recibieron respecto a los ataques a sitios de culto durante las manifestaciones?
Es una conducta que va en contra del derecho a la protesta pacífica. Excede los límites permitidos para la libre expresión y se entra a la afectación de los derechos de terceros, que en muchas ocasiones estuvo acompañada por discursos de odio.
Han sido conductas condenables, pero que no convierten en violenta a toda la protesta social en su conjunto. La mayor parte de las manifestaciones reconocemos que han sido pacíficas.
¿Ante los hallazgos de uso excesivo de la fuerza, cuál es la medida más urgente que requiere Chile?
El Estado tiene que tomar medidas eficaces y expeditas para que el personal que participe en el control de las manifestaciones conozca a cabalidad los protocolos para el empleo del uso de la fuerza.
De esta manera se tendrán a policías capacitados para controlar las manifestaciones y desde luego para salvaguardar el derecho de las personas a expresarse libremente.
El Estado tiene una enorme responsabilidad en la manera en que opera Carabineros de Chile y ahí tiene que haber un proceso expedito de capacitación.
¿Esas medidas hacen parte de la reforma institucional integral que la CIDH recomendó para Carabineros de Chile?
Creo que tenemos que pensar en medidas de corto y mediano plazo. Las de corto plazo son las que tienen que ver con la abstención absoluta de recurrir a armas letales o no letales en el control de las manifestaciones.
Pero una medida de mediano plazo es la de llevar a cabo una reforma integral. El cuerpo de Carabineros es un organismo que ha permanecido intacto por muchos años y que en algunos sectores no goza de la confianza de la ciudadanía. Tiene que desarrollar un programa de acercamiento comunitario.
También observamos que no tiene órganos de supervisión externa. Son ellos mismos los que se vigilan y eso no es sano ni permite detectar las falencias a superar.
¿Qué visión tiene la CIDH respecto a Ley de Seguridad Interior en Chile?
El llamado es a la no criminalización de personas que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Pedimos que no se abuse de las figuras penales en contra de personas que están en la calle expresando su inconformidad e ideas.
Eso es lo que nos preocupa con la aplicación de leyes.
¿Podría el informe que publicará la CIDH sobre Chile convertirse en un elemento para futuras sanciones hacia el Estado?
Ni en el Sistema Interamericano ni en la OEA existe un régimen de sanciones. Tanto en la OEA como en la CIDH hay un espíritu de cooperación y lo que nosotros esperamos es que las recomendaciones que hemos hecho sean seguidas.
¿Ante las diversas protestas en otros países latinoamericanos qué recomendación les hace a los Estados?
Que se permita a la ciudadanía ejercer su derecho de reunión y libre expresión y a partir de ahí se otorgue a la ciudadanía la posibilidad de expresarse de manera pacífica. Creo que eso es importante en toda sociedad democrática para que las autoridades puedan conversar con la sociedad civil.
¿Cómo recibe el rechazo a la misión de la CIDH que pretendía ingresar a Venezuela?
Lamentamos esa negativa que le impide a la Comisión llevar a cabo su trabajo de monitoreo en Venezuela, sobre todo para tener un contacto directo con las víctimas como era nuestro deseo.
