Sergio García
04 de agosto de 2017•Actualizar: 04 de agosto de 2017
En las dos cámaras del Congreso de Chile fue aprobado un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres casos.
El primero es que la mujer se encuentre en riesgo vital y la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida.
El segundo motivo menciona que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, de carácter letal.
La última causa avalada es que el embarazo sea resultado de una violación y no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación.
El proyecto también aprobó que la interrupción del embarazo pueda realizarse en una niña menor de 14 años, si no han pasado más de 14 semanas de gestación.
La iniciativa debe ser avalada por el Tribunal Constitucional, debido a la petición que anunció el partido opositor Chile Vamos. La colectividad política considera que la decisión atentaría contra el derecho a la vida.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebró la aprobación al considerar que las tres causales representan un derecho básico que las mujeres de su país nunca debieron perder y dijo que se les abrió “una oportunidad de decidir, cuando viven momentos de dolor”.
Sobre el requerimiento del partido opositor, la jefa de Estado aseguró que la iniciativa “tiene un amplio y transversal apoyo social” y dijo que confía en que “el Tribunal Constitucional acoja la voz de la mayoría”.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género chilena, Claudia Pascual Grau, expresó que el proyecto de ley también busca generar prestaciones de salud seguras. Además, la ministra destacó que habrá acompañamiento a mujeres que estén en cualquiera de las tres situaciones causales de aborto despenalizado, “independiente de la decisión que tomen, continúen con su embarazo o decidan interrumpirlo”.
El proyecto fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados por 70 votos a favor, 45 votos en contra y una abstención. En el Senado se aprobó por 22 votos a favor y 13 en contra, luego de dos años y medio de debate parlamentario.
