16 de enero de 2020•Actualizar: 18 de enero de 2020
Andrea Aguilar Córdoba
Luego de tres meses de protestas a nivel nacional, el congreso chileno despachó la llamada ley "antisaqueos y antibarricadas" con la que se busca elevar las penas contra quienes bloqueen calles, haciendo uso de la violencia, o saqueen comercios.
La normativa contempla la tipificación del delito de saqueo y se establece que su sanción se agravará cuando existan circunstancias de alteración del orden público y momentos de calamidad pública como los ocurridos en el país desde el pasado 18 de octubre.
En el marco del llamado “estallido social” en Chile los saqueos han aumentado un 400% con respecto a cifras del 2018, pasando de 63 a 263 detenidos por este delito, cuya sanción irá desde los 541 días a 5 años de prisión, cuando entre en vigencia esta ley.
La normativa, aprobada con apoyo mayoritario del oficialismo, establece que también aumentarán las penas para quienes lancen objetos contundentes, realicen barricadas en vía pública y obstaculicen de forma violenta el tránsito con penas que podrán llegar hasta el año y medio de cárcel.
El diputado oficialista Gonzalo Fuenzalida afirmó que se trata de una ley que permitirá conciliar los derechos de los manifestantes y los de quienes se han visto afectados por las protestas. “Que se puedan manifestar y que se respete la libertad de tránsito y que sus propiedades no estén en riesgo de ser saqueadas", sostuvo.
Sin embargo, desde la oposición la iniciativa aprobada fue considerada como criminalización de las movilizaciones. “Es un proyecto nefasto que no solamente aumenta las penas, sino que entrega más herramientas a un gobierno que solo ha buscado perseguir la protesta social”, aseguró la diputada comunista, Karol Cariola
Parlamentarios del opositor Frente Amplio solicitaron que, antes de ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera, la iniciativa pase por la revisión del Tribunal Constitucional, para que analice si tiene aspectos que vayan en detrimento de la constitución.
"Queremos resguardar los derechos fundamentales a la protesta social como la libertad de reunión y de expresión", dijo el diputado opositor, Diego Ibáñez.
Uno de los puntos polémicos de la ley aprobada es que podría sancionar una práctica que se ha hecho común durante las protestas y es denominada "el que baila, pasa", en la que manifestantes solo dejaban avanzar a vehículos si sus ocupantes descendían de estos y bailaban. Algo que había sido catalogado como "humillante y violento" por parte de la vocera de gobierno, Karla Rubilar.
Sin embargo, el ministerio del Interior, Gonzalo Blumel, celebró el avance legislativo de la normativa."Tengo la certeza que este proyecto es un aporte y que avanzará en poder recuperar el orden público", aseguró.
Con la aprobación de esta ley el gobierno chileno busca reducir la violencia que se ha disparado desde el inicio de las manifestaciones que han dejado al menos 27 muertos y más de 3.500 heridos.
