Diego Camilo Carranza Jimenez
21 Octubre 2019•Actualizar: 21 Octubre 2019
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al Gobierno de Chile y la sociedad civil que inicien un “diálogo inmediato” para “evitar la polarización” y resolver la crisis que se ha desatado en el país en los últimos días.
Mediante un mensaje en Twitter, la expresidenta chilena manifestó su “preocupación y tristeza” por los hechos ocurridos durante las protestas.
“Estoy muy preocupada y triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile. Exhorto al Gobierno a trabajar con todos los sectores y encontrar soluciones para abordar agravios. Urjo a los que planean participar en las protestas a hacerlo pacíficamente”, dijo la comisionada.
Igualmente, solicitó que se adelanten investigaciones: “Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.
De acuerdo a un comunicado de su oficina, al menos ocho personas han muerto hasta la fecha. Pero aclara que esta cifra podría elevarse hasta 13, según distintas fuentes.
Además, detalló que “según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, otras 44 personas han resultado heridas, nueve de ellas graves, y 283 personas habrían sido detenidas en el contexto de las protestas. El ministerio del Interior ha informado que 1.906 personas han sido detenidas en todo el país”.
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La alta comisionada alertó de que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población.”
“Hay acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército. También estoy alarmada por las denuncias de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados, tal y como es su derecho, y que otros han sido maltratados en detención”, indicó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a actuar en “estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”, al tiempo que añadió que “cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley”.
La Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago señaló este lunes que serían 11 personas muertas durante las protestas.
La crisis estalló la semana pasada debido a un alza de CLP (pesos chilenos) 30 al precio del pasaje del metro, que quedaba en unos CLP 830 (cerca de USD 1,17). Y aunque la decisión ya fue suspendida por el Gobierno, el descontento se ha extendido hasta el domingo.
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El presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia el pasado viernes para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la región metropolitana. La medida no tenía precedentes desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Durante las protestas, los manifestantes incendiaron un tren en la estación Elisa Correa y se han presentado enfrentamientos en los alrededores del Palacio de La Moneda. También ha habido incendios en las estaciones Macul y San Pablo.
Santiago de Chile amaneció este lunes militarizada y con menos opciones de transporte público, pues el metro capitalino solo funciona con su Línea 1 y de manera parcial, con servicio de 7:00 a.m. a 08:00 p.m. y con varias estaciones cerradas: Pedro de Valdivia; Baquedano; Santa Lucía; Los Héroes y U. Latinoamericana.
