Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las minas terrestres, las bombas racimo y restos de explosivos de guerra (REG) se encuentran en más de 70 países y siete territorios del planeta en la actualidad.
Es fundamental concebir que la mayoría de las zonas afectadas por estas armas se encuentran entre los países menos desarrollados.
No solo han cobrado la vida de cientos de miles personas, en su mayoría civiles, durante las últimas décadas, también constituyen una amenaza mortal inminente para la vida y los medios de subsistencia de otros millones. Solo en 2020, la ONU registró 4.663 víctimas civiles a causa de las minas, REG y municiones racimo.
Pero también tienen un impacto negativo significativo en la recuperación y el desarrollo después de un conflicto, ya que socavan la distribución de ayuda, el cultivo de la tierra y la construcción y restauración de infraestructura y viviendas.
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El efecto de estas armas en la vida humana y el desarrollo económico y social llegó a ser ampliamente reconocido a partir de la década de 1980 y, en consecuencia, abrió el camino para el desarrollo de programas de acción contra las minas en campañas nacionales e internacionales, promovidas por celebridades como la fallecida princesa Diana y el músico Paul McCartney, para prohibir las minas antipersona y las bombas racimo.
Desde principios de la década de 1990 se iniciaron en algunos países programas pioneros de acción contra las minas, con la ayuda de organismos internacionales como la UE, el PNUD y ONGs de acción contra las minas como el Grupo Asesor de Minas (MAG) Handicap International y Norwegian People's Aid, de los países más afectados por las minas, incluidos Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Mozambique.
Además, los esfuerzos de promoción en todo el mundo dieron como resultado el desarrollo del Tratado de Ottawa, también conocido como la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales en 1997 (cuyos signatarios ascienden a 156 al día de hoy) y la Convención sobre Bomba Racimo (CCM), que fue ratificada por 110 estados.
Estos convenios incluyen arreglos sólidos de recuperación para víctimas individuales y comunidades afectadas y acciones preventivas que prohíben el uso, producción y transferencia de estas armas, así como su destrucción.
El compromiso de los Estados
La acción contra las minas, que se ocupa de las terrestres, las bombas racimo y los REG, lleva a que varios países anteriormente afectados por estas armas pudedan declararse en pleno cumplimiento de las obligaciones de remoción.
Según los datos compilados por Mine Action Review, en 2020, 32 estados cumplieron con sus obligaciones en virtud del artículo 5 del Tratado de Ottawa y quedaron completamente libres de minas. Los Estados parte en el tratado también han destruido más de 55 millones de minas antipersona almacenadas.
En consecuencia, tanto el número de humanos muertos o discapacitados por estas armas como el tamaño de las áreas contaminadas disminuyeron significativamente, lo que es un avance muy positivo.
Dicho esto, la pandemia de la COVID-19 afectó los esfuerzos globales de acción contra las minas como lo hicieron en muchos otros campos. Las obras de remoción de minas en Croacia, Ucrania, Irak y Camboya se han desacelerado debido a la interrupción de las operaciones bajo los cierres nacionales, las restricciones de viaje y las dificultades en el empleo de expertos internacionales.
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Sin embargo, la amenaza más peligrosa para la acción contra las minas proviene del estallido de nuevos enfrentamientos armados y guerras, en las que es muy probable que se utilicen minas antipersona. Como reveló la reciente guerra entre Azerbaiyán y Armenia en el Alto Karabaj, durante la cual, la parte armenia utilizó ampliamente minas y bombas racimo, algunos estados todavía tienen la tendencia a usar esta arma barata pero inhumana.
Además, el aumento de conflictos armados en Malí, Eritrea y Etiopía, los enfrentamientos armados en curso en Mozambique y Nigeria entre las fuerzas gubernamentales y las organizaciones terroristas y la posibilidad de violencia armada en Myanmar corren el riesgo de que las minas vuelvan a proliferar.
Dado que la mayoría de las hostilidades armadas estallan en los países menos desarrollados e involucran a organizaciones terroristas que no participan en ninguna convención sobre la prohibición de minas, la comunidad internacional debería hacer más para detener la producción de minas terrestres y la destrucción inmediata de las minas almacenadas.
*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de la Agencia Anadolu.
*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.
