Por: Santiago Sánchez B.
En diciembre de 2019, meses antes de que se transformara en un hospital de emergencia contra la COVID-19, el centro de convenciones madrileño de IFEMA fue la sede de la COP25, la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Se trataba entonces de la conversación global más importante de nuestro tiempo. Y aunque al poco tiempo la pandemia parecía llenar la agenda pública y mediática con un nuevo inventario de prioridades, la emergencia continuó latente.
De hecho, el reciente Reporte sobre el Estado del Clima Europeo 2020, del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, reveló que el año pasado fue uno de los más cálidos que se hayan registrado en Europa, con inundaciones e incendios que se aceleraron, y todo mientras el continente permanecía confinado; un proceso que los expertos han calificado como “irreversible”.
Así las cosas, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Congreso de los Diputados de España aprobó el pasado 8 de abril llega en un momento crítico, muy cerca, y casi tropezando, con las líneas de lo oportuno y lo suficiente.
Un rezago institucional
Han pasado más de cinco años desde que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por aquella época, anunciara en el marco de la COP21 de París la elaboración de una Ley de Cambio Climático para España. Desde entonces, el sentido de urgencia para establecer medidas transversales se diluyó entre la oscilante voluntad de distintos grupos políticos, las batallas electorales, la compleja gobernanza del país y las presiones empresariales.
Aunque fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han reconocido en declaraciones a la Agencia Anadolu que la ley era necesaria desde antes, justifican que ha sido desafiante conseguir “que todos los sectores y todos los actores de la sociedad se vieran reflejados”; por ello “se ha remitido cuando se ha sustanciado el proceso de participación y socialización del proyecto”. Así mismo, han afirmado que “llega en un momento oportuno en el que Europa está midiendo la sostenibilidad de las respuestas a la crisis sanitaria”.
Sin embargo, para Alicia Cantero, responsable de Incidencia Política de Greenpeace España, organización que en septiembre de 2020 inició junto con Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción, el primer litigio de España dirigido contra el Gobierno por su inacción ante el cambio climático, “las políticas del actual Gobierno siguen siendo insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de los gobiernos anteriores”.
Lo plausible
A grandes rasgos, la ley aprobada con el impulso del actual gobierno de Pedro Sánchez, que ha asegurado que “sitúa a España a la vanguardia de la lucha contra la emergencia climática”, busca plantear los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 23% con respecto al año 1990, a fin de alcanzar a más tardar en 2050 la neutralidad de carbono.
Teniendo en cuenta el principio de no regresión ambiental, significa que de ahora en adelante se trata de un mínimo inquebrantable. El Ministerio explica que estos objetivos ‘“se acompañan con una obligada planificación para poder alcanzarlos”.
Sobre la iniciativa, el Grupo Español para el Crecimiento Verde ha dicho que es “un hito para avanzar hacia una economía descarbonizada”. La asociación de la que son parte empresas como BBVA, Santander, Mapfre, Endesa, Naturgy, Telefónica e Iberia, entre otras, ve en esta legislación “una inmensa oportunidad para la creación de empleo y el desarrollo industrial”.
Así mismo, el científico y profesor del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Fernando Valladares, explica que España ha sido “muy vanguardista en el marco temporal de la ley, con un calendario importante y a largo plazo”. Sin embargo, asegura que “no se ha acercado a la media europea en cuanto al compromiso real de reducción de emisiones y le ha faltado concreción en medidas sociales, fiscales y económicas para acompañar la transición”.
Lo decepcionante
Aunque desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirman que “la ley responde plenamente” a lo que manda el acuerdo de París, diversos actores ven en ella una oportunidad perdida para avanzar de forma decidida contra la emergencia climática y cumplir con los compromisos del Acuerdo, que busca poner un límite al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados y, si es posible, por debajo de 1,5 grados.
Si bien la nueva ley española contempla un mecanismo de revisión de objetivos al alza y establece el año 2023 para realizar la primera revisión, estas voces han sido vehementes al afirmar que es insuficiente.
En un análisis publicado la semana pasada, Valladares explicaba que “la ley ha evitado entrar en terrenos clave con suficiente detalle”. Entre ellos, la movilidad y el transporte (el sector más emisor), la gestión de residuos, la transición hidráulica, la exploración de gas fósil y la llamada fiscalidad verde, que aplica el principio de exigir contribuciones económicas a quien contamina.
Por su parte, Alicia Cantero califica de “escasa” la ambición reflejada en la ley, coincide con Valladares en que la reforma fiscal ha quedado en segundo plano y señala que “sigue habiendo cesiones inadmisibles ante el lobby de los combustibles fósiles”, al permitir el uso de combustibles alternativos en el sector del transporte. “Lo triste es que tampoco ha satisfecho a los grupos de presión que no estaban inclinados a medidas muy drásticas relacionadas con el cambio de modelo energético, social y ambiental”, apunta Valladares.
Sin ambición no hay esperanza
La semana pasada la Unión Europea anunció que el grupo de los 27 países deberán reducir por ley un 55% de emisiones para 2030. "Lograr una economía climáticamente neutra requiere la movilización total de la sociedad, los gobiernos y la industria", dijo Matthias Petschke, de la Comisión Europea.
La Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que ahora deberá pasar por el Senado y afrontar allí nuevas enmiendas y posibles correcciones, tiene el desafío de poner a España, si no adelante, al menos a tiempo con las expectativas y compromisos europeos.
“Los planes de recuperación están siendo evaluados minuciosamente para garantizar su alineamiento con una recuperación verde y digital y que en ningún caso menoscabe el avance hacia la neutralidad climática de la Unión”, aseguran desde el Ministerio.
Fernando Valladares plantea una reflexión útil para la discusión que ha suscitado esta legislación. Aunque no es perfecta y ha llegado con retraso, dice que “es mejor que un cambio climático sin ley”. Al menos con ella se abre la posibilidad de un necesario cambio de paradigma que ahora debe resistir a los clivajes políticos, superar los retos económicos, apuntar cada vez más alto y congregar a todos los actores cruciales para esta transformación.
*El autor es periodista, corresponsal y consultor en comunicación y asuntos públicos en España. MPA en Gobierno y Gestión Pública.
*Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.
