Estados Unidos anunció que revocó visas a más funcionarios nicaragüenses, presuntamente implicados en abusos de derechos humanos, por la represión gubernamental en contra de personas que protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Francisco Palmieri, el vicesecretario adjunto principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, hizo el anuncio en la noche del jueves.
“El @StateDept revocó visas de otros individuos responsables de abusos contra los DD.HH. y/o por socavar la democracia en Nicaragua”, dijo Palmieri a través de un mensaje en Twitter.
El funcionario estadounidense recalcó que mientras el Gobierno nicaragüense “siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables”.
Esta decisión se conoció un día después de que la Embajada de Estados Unidos en Managua confirmara la devolución de vehículos donados a la Policía nicaragüense.
El lunes, la Embajada le solicitó a la Policía Nacional de Nicaragua la devolución, o pago, de los vehículos que le fueron donados por el Gobierno estadounidense para sus actividades.
Sin embargo, según la representación diplomática a través de un comunicado, “algunos de estos vehículos han sido usados por la Policía Nacional y fuerzas irregulares bajo su mando, para reprimir violentamente las voces de quienes protestan pacíficamente contra las acciones de su Gobierno”.
De acuerdo a las autoridades norteamericanas, “estas acciones violan los términos de la Carta de Entendimiento establecida para la cooperación de los Estados Unidos con la Policía Nacional de Nicaragua”.
Una decisión similar a la de este jueves se produjo el pasado 7 de junio, cuando el Departamento de Estado revocó visas a un grupo de funcionarios nicaragüenses. Aunque la entidad no detalló a quienes exactamente, el secretario Mike Pompeo dijo en un comunicado que la medida incluía a miembros de la Policía, autoridades municipales y una autoridad del Ministerio de Salud con sus respectivas familias.
Nicaragua está sumida en una aguda crisis socio política desde el pasado 19 de abril, en la que han perdido la vida más de 220 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.