Política

Senador Iván Cepeda: El compromiso de Colombia con el Acuerdo de Escazú ante la ONU fue una 'acción cosmética'

El legislador habló con la Agencia Anadolu sobre una carta enviada al titular de la ONU, António Guterres, para informar acerca de las acciones del Gobierno colombiano y su bancada en el Congreso para evitar la ratificación del tratado.

Diego Camilo Carranza Jiménez  | 23.06.2021 - Actualızacıón : 27.06.2021
Senador Iván Cepeda: El compromiso de Colombia con el Acuerdo de Escazú ante la ONU fue una 'acción cosmética' Senador Iván Cepeda durante una marcha convocada por la oposición de Colombia. (Santiago Serna Duque - Archivo Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

Por: Diego Carranza

Los senadores colombianos Antonio Sanguino, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, de la oposición, enviaron una comunicación al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para informarle que el presidente de Colombia, Iván Duque, “su Gobierno y sus bancadas en el Congreso de la República obstruyeron objetivamente la ratificación” del Acuerdo de Escazú.

En la carta, Sanguino, Valencia y Cepeda, todos integrantes de la Comisión II del Senado, que atiende el control político sobre relaciones internacionales de Colombia, buscan recordarle al recién reelecto titular de la ONU la “promesa que le hizo el presidente Duque a la comunidad internacional”, concretamente a la Asamblea General cuando se conmemoraron los 75 años de la organización, el 22 de septiembre de 2020, “en el sentido de hacer que se ratificara el Acuerdo de Escazú”.

Aquel día, Duque Márquez dio un extenso discurso en el que se refirió a los “avances” del país en la “protección de la biodiversidad”, la importancia de “la estrecha relación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas”, “conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía”, “defensa de los páramos”, entre otros.

Allí mismo, el mandatario confirmó que se estaba a la “espera de la aprobación (ratificación) por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, firmado por su Gobierno a finales de 2019 y enviado al Legislativo con un supuesto “mensaje de urgencia”.

Ver también: El Congreso de Colombia no ratificó el Acuerdo de Escazú

Pero Cepeda recordó que el avance en este frente no ocurrió por iniciativa del Gobierno, sino porque en el marco de las movilizaciones de finales de 2019, en una de las mesas de la Gran Conversación Nacional que se crearon en ese entonces, el presidente adquirió un compromiso con organizaciones de protección del medio ambiente, sociales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, para que se diera la ratificación de Escazú. “Y ese compromiso lo refrendó ante la ONU”.

“Entonces, lo que nosotros hemos mostrado en esta comunicación es que esa afirmación ante la ONU no se vio de ninguna manera honrada con los actos del Gobierno en el Congreso. Si bien el acuerdo llegó con un mensaje de urgencia, luego se permitió que la bancada de Gobierno en el Congreso utilizara toda clase de métodos dilatorios para producir el resultado que al final tenemos, el archivo del acuerdo por las comisiones de Senado y Cámara”, dijo el senador del partido Polo Democrático a la Agencia Anadolu.

Los tres parlamentarios señalan que “el Gobierno (Duque) tiene un discurso para la comunidad internacional y una actuación muy distinta en el plano interno”.

Pese a lo ocurrido en el legislativo colombiano, Cepeda rechaza la idea de atribuirle únicamente la responsabilidad a los congresistas del Centro Democrático, “porque cuando el Gobierno quiere que una Ley se apruebe en el Congreso, ¿Qué no hace para esa finalidad?”.

“Hay toda clase de ofertas burocráticas; se hacen desayunos en Palacio de Nariño, se habla con cada congresista... No, en esta oportunidad (no se hizo) absolutamente nada”, aseguró.

¿Qué implica la no ratificación del Acuerdo en Colombia?

Según estadísticas internacionales, y en palabras de Cepeda, “Colombia es un país que tiene una cantidad de conflictos medioambientales muy considerable que lo ubican en los primeros lugares en el mundo en esa materia”.

“Tiene también el deshonroso primer lugar en las estadísticas de asesinatos de líderes y lideresas de la causa ambiental y tiene una situación definitivamente muy preocupante en materia de los efectos del cambio climático”, dice.

El último reporte de la ONG británica Global Witness, presentado en julio de 2020, confirma lo anterior: en 2019 Colombia ocupó el primer lugar en el mundo como el país con más personas defensoras de la tierra y el territorio masacrados, con 212 casos.

Y según los datos a abril de la ONG Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se han reportado 16 ambientalistas asesinados (así como más de 900 crímenes de defensores de derechos humanos, indígenas, afros y otros líderes locales por labores relacionadas con el ambiente).

Por ello, la protección de las personas que defienden el ambiente es “urgente en Colombia”.

Por otro lado, implica el no acceso a la información: "Un grave problema es que no sabemos muchas veces las consecuencias que tienen determinados proyectos de extractivismo y megaobras, porque las empresas privadas o estatales se niegan a entregar información”.

Para Cepeda, Escazú implica “efectivamente una acción afirmativa en este caso, y es que la información frente a estos proyectos debe ser de uso y acceso público”.

Igualmente, afecta lo relacionado a “justicia ambiental, la posibilidad de crear instancias de justicia para que se investiguen y se sancionen graves daños al ambiente, reservas naturales, riqueza hídrica”, etc.

Y finalmente, lo que llama la “democracia ambiental, la participación de comunidades a través de, por ejemplo, mecanismos de consulta popular cuando se trate de poner en práctica esta clase de proyectos económicos”.

Según confirma, el Acuerdo sería una oportunidad para tener más precisión a la hora de catalogar cuándo un crimen contra un líder social se da por motivos netamente de defensa del ambiente, pues hoy por hoy, muchas veces, no hay claridad total a la hora de hacer esta diferenciación.

“El Acuerdo permitiría desnudar lo que hay detrás de cada una de las exploraciones o exploraciones de recursos, especialmente mineros y energéticos, o de las megaobras como hidroeléctricas (…) y entender bien cuáles son los propósitos y objetivos estratégicos que se persiguen, cómo afectan a las comunidades y qué impacto tienen sobre el medio ambiente”, subraya.

Ver también: Estos son los puntos principales del acuerdo ambiental de Escazú que entra en vigor en América Latina y el Caribe 

Pero eso no es todo, el tratado también daría lugar a “entender por qué hay oposición de las comunidades a esos proyectos y por qué se persigue a sus líderes comunitarios y miembros de organizaciones de protección de la naturaleza”, porque “muchas veces el Gobierno se escuda con que estos hechos se atribuyen a otro tipo de causas: como conflictos personales, hechos de delincuencia común, problemas pasionales, en fin”.

Cepeda afirmó que los crímenes contra líderes ambientales en Colombia son “asesinatos de carácter político, sin duda”, que son “materia permanente de regateo del Gobierno”.

Un llamado de atención internacional

Por todas estas razones, los firmantes de la misiva consideran que es “plenamente válido llamar la atención sobre el hecho de que este compromiso fue simplemente una especie de acción cosmética por parte del Gobierno que en realidad no corresponde a su política interna”.

El objetivo específico de la carta es: "Que se observe muy detallada y detenidamente lo que ha ocurrido. Porque ese compromiso nosotros pensamos hacerlo valer".

Junto a esa comunicación, los tres senadores opositores le enviaron un derecho de petición a Duque solicitando que se vuelva a radicar para el próximo semestre el trámite del Acuerdo, pues recordó que, por ser un tratado internacional, deberá ser aprobado o ratificado por iniciativa gubernamental.

“Vamos a ver qué comportamiento sigue asumiendo este Gobierno, que pretende ante la comunidad internacional mostrarse como un líder mundial en materia de la protección a la Amazonía, del agua, la reforestación de bosques y toda una serie de directrices que no tienen un co-relato con lo que está ocurriendo en materia medioambiental”, concluyó.

Además, es muy probable que acudan a otras instancias internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En medio de las críticas, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, aseguró que volverán a presentar el proyecto de ratificación “para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”.

El Acuerdo de Escazú, llamado formalmente Acuerdo Regional Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, es el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores ambientales.

Dicho acuerdo entró en vigencia el jueves 22 de abril, Día de la Tierra, con la firma de 24 países y la ratificación de la mitad de ellos: Guyana, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay, Argentina y México.

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