Por: María Paula Triviño

Este miércoles, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, en medio de la crisis económica y política que vive el país suramericano.

"Me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos, puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población", afirmó Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Precisamente, la actitud amenazante del presidente Donald Trump contra el gobierno venezolano, hace parte de una retórica argumentada bajo el principio de la Doctrina Monroe, donde EEUU reclama una “América para los americanos”.

¿Qué es la Doctrina Monroe?

En un intento por alejar cualquier propósito de intervencionismo por parte de Europa, el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, promulgó la Doctrina Monroe [que hace referencia al presidente estadounidense James Monroe] en 1823.

El objetivo era evitar la recuperación de las excolonias europeas en América y evitar nuevos intentos de colonización.

Aunque en un principio la doctrina no tuvo impactos directos sobre el continente, a partir del siglo XIX empezó a quedar claro que no se trataba tanto de “América para los americanos” sino más bien de “América para los estadounidenses”, y sirvió como marco para justificar la intervención de ese país en Estados como Guatemala, Panamá, El Salvador y República Dominicana, durante el siglo XX.

En 1904, el presidente Theodore Roosevelt añadió una "enmienda" a la doctrina, que establecía que si un país europeo ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para "reordenarlo".

Trump y la “troika tiránica" en Latinoamérica

Aunque la política exterior del gobierno Trump es todo menos predecible, nuevas referencias a la Doctrina Monroe por parte del presidente Donald Trump y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, demuestran claramente que su estrategia en el hemisferio es constituir una “América para los americanos”.

Para Bolton es posible usar esta doctrina para el actual momento que vive Venezuela.

“No creo que apoyemos a otros dictadores y en esta administración no tenemos miedo de usar la expresión Doctrina Monroe… Este (Venezuela) es un país de nuestro hemisferio y ese ha sido el objetivo de todos los presidentes de Estados Unidos desde Ronald Reagan, tener un hemisferio completamente democrático”, afirmó el asesor estadounidense en una entrevista para CNN a principios de marzo.

De inmediato, los teóricos se alarmaron por una posible intervención militar en Venezuela basada en esa doctrina y el propio gobierno chavista se pronunció sobre las afirmaciones. 

“Con soberbia colonialista, @AmbJohnBolton se enorgullece de enarbolar la anacrónica e ilegal Doctrina Monroe de 1823 para Nuestra América hoy. Para los pueblos latinoamericanos esto ha sido y será siempre inaceptable. Pero vemos a varios gobiernos agradecerlo y hasta celebrarlo”, tuiteó el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza.

Este mensaje no es nuevo en el gobierno Trump. El mismo presidente hizo una referencia a la Doctrina Monroe en su discurso ante las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.

"Aquí en el hemisferio occidental, estamos comprometidos a mantener nuestra independencia de la intrusión de potencias extranjeras expansionistas… Ha sido la política formal de nuestro país desde el presidente (James) Monroe, que rechacemos la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros propios asuntos", dijo el mandatario ante la Asamblea de la ONU en Nueva York.

Apoyado en el discurso de Trump, Bolton argumentó en noviembre de 2018 para CNN, que en Latinoamérica existe una “troika tiránica” compuesta por Venezuela, Nicaragua y Cuba, que “amenazan los intereses del hemisferio”.

Aunque las sanciones de EEUU son un duro golpe para los gobiernos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, Michelle Bachelet tiene razón al afirmar que la mayor víctima de estas imposiciones es la población civil enfrentada al racionamiento de comida, servicios y suministros básicos.

En las últimas semanas, Trump no ha descartado la intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, mientras que son decenas las personas e instituciones a las que se les han congelado sus activos, como por ejemplo a la empresa nacional de petróleos Pdvsa y a la compañía estatal minera de oro, Minerven.

Por otra parte, Bolton tuiteó este miércoles que los intentos de Ortega en Nicaragua por evadir las sanciones de EEUU, fracasarán.

“Estados Unidos sancionaron a Albanisa de Nicaragua y a su filial Bancorp, como parte de las sanciones a la red regional de injertos PDVSA de Venezuela. Los esfuerzos de Ortega y sus amigos para evadir estas sanciones fracasarán”.

Para EEUU es hipócrita la intención de Ortega de dialogar para que sus hijos y funcionarios no sean sancionados, mientras que solo hasta este jueves mostró algo de voluntad política para hacer un acuerdo con el que se lograría la liberación de cerca de 800 presos políticos, en los próximos 90 días.

Este miércoles, también venció el plazo de 90 días para que el Departamento de Estado de EEUU emita un informe sobre el estatus de los derechos humanos en Nicaragua para adelantar mayores sanciones contra el gobierno de Ortega. 

Este plazo fue pactado en la ley Nica Act, firmada por Trump en diciembre de 2018 y que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y establece medidas para proteger a los defensores de derechos humanos en el país centroamericano.

El caso cubano tampoco es diferente, aunque se debe sumar un embargo que en 2020, cumplirá 60 años.

En noviembre de 2013, el ex Secretario de Estado de la era Obama, John Kerry dijo que la Doctrina Monroe había terminado, poniendo a EEUU de igual a igual con los demás países del hemisferio y hablando de que la “unión hace la fuerza”.

Sin embargo, calificó a Cuba como una excepción.

Hace solo unos días, el gobierno Trump reforzó esa aseveración. El Secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el 3 de marzo que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton.

Este título ha estado congelado por 21 años, desde la creación de la ley en 1996, y establece que cualquier compañía no norteamericana que tenga tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales; incluso sus dirigentes podrían tener prohibida la entrada a EEUU. Además, permitiría a los cubanos que viven en EEUU reclamar ante los tribunales las propiedades expropiadas por la Revolución. 

Aunque el canciller cubano, Bruno Rodríguez envió un mensaje de tranquilidad a los países y empresas que operan en Cuba asegurándoles "garantías para la inversión extranjera y los proyectos conjuntos" teniendo "como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las leyes de sus propios países", grandes cadenas internacionales de hoteles y empresas tabacaleras podrían estar afectadas.

Una doctrina que tiene casi 200 años de historia, cobra más vigencia bajo el mandato Trump. Mientras el fin justifica los medios para salvar a América del poder “dictatorial”, tener como aliados a tiranos en otras partes del mundo como Egipto o Arabia Saudita, si es justificable para el gobierno estadounidense.

Es entendible. Es más fácil hacer zoom sobre las violaciones de derechos humanos de un régimen que le pisa los talones al poder de EEUU en su propio hemisferio, que apuntar con un telescopio a las atrocidades de otras latitudes. Desde este lado del mundo, se ven demasiado pequeñas.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.