Juez en Perú niega pedido de la Fiscalía para que Keiko Fujimori vuelva a la cárcel
En marzo de este año, el ente acusador solicitó una pena de 30 años y 10 meses de cárcel para la excandidata presidencial por cargos de lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido político Fuerza Popular, habla durante una conferencia de prensa sobre la solicitud de prisión preventiva emitida por un fiscal peruano en relación con un caso de corrupción, el 10 de junio de 2021 en Lima, Perú. ( Gerardo Marin - Agencia Anadolu)
Colombia
El juez Víctor Zúñiga declaró infundado el pedido de la Fiscalía de Perú para que la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vuelva a ser sometida a detención preventiva.
Tras escuchar el pedido hecho por el fiscal José Domingo Pérez, y los alegatos de la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, el magistrado dio a conocer su pronunciamiento que también incluye un requerimiento para que Fujimori cumpla con las medidas restrictivas que se le han aplicado.
“De no hacerlo, se dictará nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público”, señaló Zúñiga en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.
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En este contexto, el fiscal Pérez señaló que apelará la resolución judicial, para que se revoque la comparecencia con restricciones que se aplica a Fujimori y se le reponga la medida de detención preventiva.
El fiscal Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, había solicitado ante el Poder Judicial del Perú una pena de 30 años y 10 meses de cárcel para la candidata presidencial.
Luego de dos años de investigación en contra de la candidata por los cargos de lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, obstrucción a la justicia y organización criminal, el fiscal Pérez radicó la acusación final de más de 15.000 páginas ante un juzgado el pasado 11 de marzo.
Según las conclusiones de la investigación preliminar llevada a cabo por el funcionario, el cargo de lavado de activos se cometió en “las modalidades de actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia”.
Por su parte, el cargo de organización criminal tiene que ver con el supuesto ingreso de dineros ilícitos al partido Fuerza Popular y a las campañas políticas de Fujimori.
