Esta es la inédita consulta popular que busca enjuiciar a cinco expresidentes en México

Por: Alejandro Melgoza

La inédita iniciativa ciudadana logró recolectar millones de firmas durante los últimos días con el fin de llevar a juicio a cinco expresidentes mexicanos por posibles delitos cometidos en sus administraciones entre, 1988 y 2012.

A través de una acción coordinada por sectores de izquierda, basados en la Ley Federal de Consulta Popular (2014), cuya función consiste en que los ciudadanos expresen “su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional” a través del voto, se realizó la convocatoria. Se debía acumular un total de 1.800.000 firmas, equivalentes al 2% de la lista nominal de ciudadanos registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Esta cifra fue superada en un millón de firmas al cierre de la consulta este martes.

Uno de los promotores es Omar García, quien es un notable defensor de derechos humanos y uno de los sobrevivientes de la noche en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. El defensor señaló en entrevista con la Agencia Anadolu que este ejercicio contribuye a “ampliar” y “profundizar” las transformaciones que requiere el país.

“Lo más importante de haber propuesto la iniciativa es que la gente se movilizara, que despertara de este letargo en que nos mete la pandemia (...) Desde hace rato vengo analizando estos llamados que hace el presidente de la república: ‘ayúdenme a transformar en el país’. Pocos Gobiernos en el pasado han ahondado en esta situación de transformar juntos, eso es novedoso”, explica García.

Si bien la acción ha sido recibida con los brazos abiertos entre ciudadanos, por ser la primera vez que hay un apoyo oficial a esta suerte de 'catarsis democrática', también hay sectores de la sociedad civil que no consideran necesario consultar lo que ya se encuentra establecido dentro de las facultades y obligaciones de la Fiscalía General de la República.

Alfredo Lecona, activista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, explica que una consulta para enjuiciar expresidentes "es un insulto a las víctimas y una abdicación; es un insulto porque justo el presidente ha enmarcado la consulta en el esclarecimiento de hechos de corrupción (...) Los colectivos de las víctimas han sido enfáticos de que es un despropósito consultar la impunidad que se mantiene en crímenes atroces por los cuales buscan justicia".

“El presidente ha dicho que no está de acuerdo con que se juzgue a los expresidentes (...) no hay una verdadera razón de Estado”, dice Lecona, quien aclara que no descalifica la iniciativa ciudadana, sino que el Ejecutivo esté aprovechándose de este proceso de cara a las elecciones de gobernadores y legisladores en junio de 2021, en 15 de 32 estados, así como en el Congreso.

Organización ciudadana 

Desde el pasado 28, 29 y 30 de agosto diferentes grupos de izquierda y de la sociedad civil comenzaron el llamado para la consulta. García cuenta que no todos estuvieron de acuerdo, sin embargo, la mayoría participó en el ejercicio que les permitía reactivar la movilización social después de estos meses de confinamiento desde que en marzo pasado arribó al país la COVID-19.

“El proceso fue muy difícil”, confiesa el activista, quien detalla que trataron de apoyarse con legisladores para la impresión de los formatos donde votarían los mexicanos. Sin embargo, dice que cuando se dieron cuenta que algunos “oportunistas” querían incluir el logo de los partidos o fotos, se pronunciaron y se negaron ante ello con el fin de marcar una línea entre lo ciudadano y lo partidario.

También crearon una página de internet, la cual incluye infografías, videos y formatos. “Hubo compañeros que se prestaron para capacidad técnica”, confirma. Además, se instalaron mesas para recabar firmas en las principales plazas públicas del país, principalmente en el Zócalo de Ciudad de México.

Al cierre de la consulta, se lograron 2.800.000 de firmas aún no oficiales, las cuales ya fueron entregadas al Senado de la República. Sin embargo, García aclara que “si hubiéramos tenido una estructura previa organizativa yo creo que sí logramos hasta cinco millones (de firmas)”.

Lo que sigue en la “ruta legal”, según especifica la página de la iniciativa ciudadana Juicio a expresidentes, es la publicación en la Gaceta Parlamentaria para solicitar al INE que en un plazo de un mes verifique la validez de las firmas. Posteriormente viene la revisión de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si la redacción de la pregunta genera alguna tendencia o vulnera algún derecho.

Una vez acreditado lo anterior se publicará en el Diario Oficial de la Federación con la fecha de implementación. A partir de ese momento, la organización le corresponde al INE.

¿Quiénes son los expresidentes?

El pasado 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa ciudadana mediante una solicitud suscrita por él enviada al Senado de la República. Dos procesos distintos, sin embargo, AMLO dio paso a su iniciativa en caso de que la consulta no alcanzara el total de firmas.

En la misiva establece que, con base en sus facultades, hace esta petición para que dicha consulta popular se celebre el 6 de junio del 2021, bajo la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”

Ver también: Exdirector de Pemex involucra a expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto en trama de corrupción

En la exposición de motivos del presidente señala que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2012 el país “vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.

Según el documento, se señala que en julio de 1988, el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) “fue impuesto mediante un fraude electoral”, la llamada “caída del sistema”, cuando hubo un error en las computadoras que hacían el conteo los votos de las elecciones; en ese momento era candidato rival el izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas.

Luego, se menciona al expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000), por “adjudicar” deudas privadas que ascienden a los 552 mil millones de pesos mexicanos. Se refiere al “rescate” de la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), por la que quedó un faltante de dos billones de pesos, de los cuales sólo se han saldado 700 mil millones. “No terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.

También se menciona a Vicente Fox, a quien acusan de intervenir “indebida e ilegalmente” en el proceso electoral donde estaban como candidatos presidenciales Felipe Calderón, miembro del Partido Acción Nacional -el mismo de Fox- y López Obrador.

A Calderón (2006-2012) lo responsabiliza de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que dejó un saldo de más de 100.000 homicidios dolosos y más de 20.000 desapariciones. Especialmente por haber tenido a Genaro García, exsecretario de seguridad, pese a los señalamientos de sus nexos con el narcotráfico. García se encuentra en Estados Unidos detenido por estos vínculos y se enfrenta a un juicio en la Corte de Brooklyn, en Nueva York.

Finalmente se señala a Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuyo financiamiento de la campaña electoral en 2012 fue denunciado por López Obrador, quien en su momento había pedido que se invalidaran las elecciones. Ahora, a partir de investigaciones, se sabe que presuntamente ese dinero “provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht”; cuyos lazos de corrupción han afectado a diferentes exmandatarios en América Latina.

Ver también: ¿Peña Nieto será llamado al banquillo de la justicia tras escándalo?

Consulta innecesaria

El experto Alfredo Lecona considera que no hay necesidad de llevar a cabo una consulta popular cuando la Fiscalía General de la República está facultada para investigar y reunir las evidencias necesarias . Y como la consulta popular se llevará a cabo el mismo día que las elecciones, Lecona critica que esto será propaganda electoral para el partido de López Obrador, pues aunque empezó con una iniciativa ciudadana, fue respaldada oficialmente por el titular del ejecutivo.

“No hay ninguna necesidad de llevar la justicia a consulta, y todo esto recae en un circo político, porque quiere dejar huella electoral para las elecciones intermedias.
A esto García responde: “No estamos llevando a consulta ningún derecho, estamos llevando un tema de relevancia nacional, esa es la cuestión”.

Lecona insiste en que la consulta popular no coincide con lo que prometió López Obrador durante la campaña presidencial de 2018, especialmente en las fechas del 8 de mayo y 14 de septiembre, cuando se reunió con las víctimas de la violencia y se comprometió con una “agenda antiimpunidad”, cuyo fin es la implementación de justicia transicional, es decir, mecanismos de justicia extraordinaria; el especialista ejemplifica a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sin embargo, aterrizado en el contexto mexicano.

Por eso dice que sin importar el ejercicio “catártico” de la consulta popular, la investigación de hechos atroces no debe estar sujeta a voto, sobre todo cuando el ejército fue un actor fundamental durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”.