La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes 13 de julio, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que las protestas sociales en el país estén relacionadas con un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino que son resultado de los efectos de la pandemia de la COVID-19.

“Esas protestas no obedecen al incumplimiento del Gobierno en materia de este Acuerdo. Son protestas que de seguro varios países han sufrido como consecuencia del dolor que vive la humanidad entera por cuenta de una pandemia que se ha llevado a millones de personas y ha empobrecido a millones de seres en todo el planeta. Esa es la razón principal de la gran insatisfacción que hay en Colombia”, dijo Ramírez ante este órgano de la ONU, que realizó una sesión especial sobre el país suramericano.

Ver también: Bachelet expresa su preocupación por denuncias de “graves violaciones” de DDHH de las fuerzas armadas colombianas 

La canciller aseguró que la crisis por el coronavirus ha agravado la pobreza y la pobreza extrema en el país y que por ello el Gobierno ha dado “prioridad a atender las solicitudes de los jóvenes”, que se han manifestado por más de dos meses.

Igualmente, aunque hizo referencia a los casos de fallecidos durante las manifestaciones, no reconoció o no habló sobre la participación de las fuerzas estatales: “por supuesto durante estas protestas hemos tenido muertes, que nos duelen; no importa el número, lo importante es que no ha debido de haber ni un solo muerto. Pero estos muertos se dieron porque en un contexto de protestas válidas, legítimas, que nuestro Gobierno apoya y protege, desafortunadamente hubo minorías que se infiltraron, desarrollando vandalismo, destrucción, llegando armados a las protestas, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí”.

Según Ramírez, de los cerca de 15 mil eventos de protestas, solo en unos 1.400 hubo intervención de la fuerza pública, “11 por ciento o menos”.

La canciller defendió la labor de la fuerza pública y aseguró que lo que se vio en Colombia fue un “proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas” del país.

Ramírez agradeció la intervención del organismo mundial de apoyar los acercamientos y otros aspectos entre el Gobierno y el Comité del Paro y otros actores de las protestas; y dijo que lo visto en medios de comunicación respecto a violencia y represión estatal no responde a la realidad.

Por otra parte, respecto al tema de la sesión especial del Consejo, la titular de Exteriores colombiana también afirmó que el presidente Iván Duque ha sido respetuoso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional creado tras el Acuerdo de 2016.

“No puede existir ninguna duda del diálogo constructivo y respetuoso del Presidente Duque con la JEP”, dijo la canciller, pero hizo la salvedad que “si bien se ha progresado en líneas como la del secuestro, la sociedad colombiana espera ver mayores esfuerzos y celeridad en los casos de violencia sexual y de reclutamiento de niños”.

La alta funcionaria sostuvo que el Gobierno Duque tiene un compromiso indeclinable con el cumplimiento del Acuerdo con las Farc y que las cifras dan cuenta de los avances.

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Así se vivió otra jornada de protestas contra el Gobierno colombiano en el Portal de las Américas en Bogotá

Decenas de manifestantes se congregaron en el Portal de las Américas en Bogotá, en una nueva jornada de paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque. El portal fue renombrado como "el Portal de la Resistencia" por los manifestantes.

“¡No cesaremos en nuestros esfuerzos para proteger a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz! Los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social son incuestionables. Para abril de 2021, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de las Farc, de las cuales el 99,1% cuenta con afiliación a salud y el 87,2% a un régimen pensional”, señaló.

En su discurso, la vicepresidenta también expresó su preocupación por la incidencia, “aún patente, del narcotráfico como fuente de ilegalidad y violencia” y aprovechó la oportunidad para referirse a la antigua guerrilla.

“A pesar del esfuerzo del Gobierno y de la sociedad colombiana, el narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas Farc avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, incluyendo la identificación de las rutas del narcotráfico y sus aliados internacionales en el negocio, allí está la causa fundamental de las muertes de tantos líderes en nuestro país, defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y, sobre todo, de sustitución de cultivos”.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de “graves violaciones de derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad colombianas durante el paro nacional que inició el 28 de abril.

Incluso, la oficina de Bachelet registró, del 28 de abril al 16 de junio, denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y 2 policías) en el contexto de la protesta, ocurridas principalmente en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, desaprobó el uso desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones, así como los hechos de violencia, desapariciones y demás sucesos que opacaron el estallido social sin precedentes que tuvo lugar en el país.