Política

La CIDH condena la “persecución penal” contra precandidatos presidenciales en Nicaragua

El organismo solicitó a las autoridades nicaragüenses liberar de inmediato a las cinco personas detenidas bajo el argumento de "atentar contra la sociedad" del país.

Camila Fernanda Moreno Camargo   | 10.06.2021
La CIDH condena la “persecución penal” contra precandidatos presidenciales en Nicaragua MANAGUA, NICARAGUA - 20 JULIO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, saluda a seguidores durante la conmemoración del 39 aniversario de la Revolución Sandinista, en la plaza La Fe, en Managua, Nicaragua, el 19 de julio de 2018. (Stringer- Agencia Anadolu)

BOGOTÁ

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles 9 de junio, a través de un comunicado, la “persecución penal” contra varios precandidatos presidenciales en Nicaragua, luego de que cuatro de ellos fueran detenidos en los últimos días.

“La CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenan categóricamente la persecución penal en contra de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, que hicieron públicas sus aspiraciones para competir por la Presidencia en las elecciones generales convocadas para el próximo 7 de noviembre”, indicó el organismo.

El 7 de junio, el precandidato opositor a la Presidencia de Nicaragua, Arturo José Cruz, fue enviado a prisión, donde estará tres meses detenido. Dos días antes, Cruz fue detenido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino luego de regresar de EEUU, bajo el cargo de “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, de acuerdo con lo afirmado por el Ministerio Público.

El 2 de junio, miembros de la Policía entraron a la residencia de la precandidata Cristiana Chamorro Barrios con una orden de “allanamiento y detención”, quien desde ese momento quedó bajo arresto domiciliario y se enfrenta a una solicitud hecha por la Fiscalía para inhabilitarla para ejercer cargos públicos.

Por su parte, en la mañana de este miércoles 9 de junio la Policía detuvo a Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana Chamorro, por “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, según el documento publicado por la institución.

“Adicionalmente, de acuerdo con información pública, el 7 de junio, el Ministerio Público citó a entrevista al precandidato presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga Blandón, sin especificar la causa penal por la que está siendo investigado. El 8 de junio, el señor Maradiaga se presentó a la citación y luego de un interrogatorio fue detenido por efectivos policiales, de conformidad con la ya citada Ley No. 1055”, comenta la CIDH en su comunicado.

La Ley 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, [...] aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “Traidores a la Patria”, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes”.

La CIDH y la OACNUDH enfatizaron que "la persecución penal en contra de los precandidatos y la precandidata de la oposición presentan varios elementos que violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por un tribunal o juez imparcial, así como otras garantías del debido proceso. Por otra parte, la CIDH y la OACNUDH hacen presente que estos eventos, sumados a la cancelación de la personería jurídica de dos partidos de oposición y el persistente hostigamiento por parte de las autoridades en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, periodistas y medios de información independientes continúan socavando la posibilidad de realizar elecciones libres, justas y transparentes erosionando la confianza en las instituciones, profundizando el grave deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua”, aseguró la Comisión.

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