Santiago Serna Duque
27 Febrero 2018•Actualizar: 27 Febrero 2018
En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizan en Bogotá, Colombia, representantes de las asociaciones sociales venezolanas y el enviado del Gobierno de Nicolás Maduro, Larry Devoe, discutieron las causas de la grave crisis alimentaria y de salud en Venezuela.
Durante su intervención, el representante de Venezuela, Larry Devoe, aseguró que el país tiene capacidad para proveer y suplir las necesidades en medicamentos y alimentos que exigen sus ciudadanos. "Queremos que cese la persecución financiera para poder cubrir las insuficiencias de la población, pero hay que decir: Venezuela no necesita que le regalen nada y tiene capacidad de compra", añadió.
En respuesta, un paciente renal venezolano, Francisco Valencia, denunció ante los representes de la CIDH y el delegado estatal que "existen graves violaciones a los derechos a la salud en el país que ponen en peligro la vida de 300.000 personas".
Valencia indicó que se contabilizaron 50 rechazos agudos de órganos en los últimos meses en Venezuela y que unas 66 mujeres mueren por cáncer de mama cada día.
Desde octubre del 2017 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cortó el insumo de Prograff y Myfortic, dos de los fármacos que se usan para mantener sano el riñón. Además, la opción de comprar estas drogas en el exterior es inviable por su alto costo, que ronda los USD 400.
En ese sentido, los delegados de las asociaciones de derechos humanos manifestaron que el Seguro Social del Estado no ha prestado el servicio de hemodiálisis a más de 16.000 venezolanos y que el índice de desabastecimiento para el tratamiento de diálisis e infecciones respiratorias es del 91,6%.
Escasez de alimentos
En cuanto a la crisis alimentaria, los representes de la Asociación Civil Transparencia Venezuela manifestaron que hubo un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela entre el 2014 y el 2016.
Susana Rafali, delegada del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), agregó que la crisis alimentaria en el país suramericano está al límite, pues las personas deben buscar sus alimentos en la basura y tan solo el 23% de los ciudadanos han tenido acceso a las cajas CLAP (alimentos promovidos por el gobierno), mismos que, según Rafali, no tienen la cantidad de comida necesaria para alimentar a las personas.
Además, Luis Francisco Cabezas, representante de la sociedad civil, aseguró que las muertes en lo corrido del año por malaria se incrementaron entre un 500% y un 600% en Venezuela, y se registraron 786 casos de sarampión en 2017.
Al final de la audiencia, Alfred de Sayas, experto independiente de la ONU, aseveró que no hay crisis alimentaria en Venezuela y que la situación es muy diferente a lo que ocurre en países de África.
De Sayas explicó que hay que "terminar con las sanciones contra el Gobierno venezolano porque esas normas están empeorando la carencia de los medicamentos y de la comida".
La sociedad civil exhortó al Gobierno de Venezuela para que privilegie el ingreso de alimentos y medicinas para las personas vulnerables: niños, personas de la tercera edad, minorías y pacientes terminales; también demandó que se acepte la solicitud de los delegados de la CIDH para hacer una veeduría de la crisis.
Finalmente, la delegada del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) resaltó los índices de la ONG Caritas, la cual indica que en el Venezuela el 8% de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición y el 3% de desnutrición aguda severa.
