Este viernes, los senadores colombianos de oposición Roy Barreras e Iván Cepeda denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un caso de presuntas interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas, congresistas y defensores de derechos humanos. 

Según indicó Cepeda por su cuenta de Twitter, las “chuzadas” fueron creadas y dirigidas por el “más alto nivel del Estado colombiano”. Los senadores denunciantes alegan que ellos mismos han sido víctimas de interceptaciones.

Por su parte, el senador Barreras manifestó desde Washington, Estados Unidos, que solicitará la adopción de medidas cautelares por este hecho. 

“Eso (el caso de las “chuzadas”) lo conoce la magistrada Cristina Lombana, la Procuraduría General que acompañó el operativo, los periodistas de investigación que están en la tarea, pero es muy importante que se sepa quiénes son todas las víctimas para pedir esas medidas cautelares que les proteja", manifestó Barreras. 

Según una investigación periodística de la revista Semana, dichas interceptaciones ilegales se habrían realizado a través de equipos especiales del Ejército que permiten captar las llamadas de celulares y la instalación de un malware denominado "Hombre Invisible" en los dispositivos hackeados. 

Entre las víctimas se encontraría el director de la revista Semana, Alejandro Santos; los magistrados de la Corte Suprema, Cristina Lombana y Carlos Reyes; y el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, entre otros.

Según la información del medio colombiano, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi).

El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría allanó las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal. 

La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia anunciaron el martes 14 de enero que iniciarán una pesquisa para establecer si se realizaron estas actividades ilegales y si el exjefe del Ejército, Nicacio Martínez, estuvo involucrado o conocía los hechos.

En este contexto, el pasado jueves la CIDH manifestó su “grave preocupación” ante las denuncias de una presunta red de espionaje ilegal e instó al Estado a realizar una investigación "exhaustiva e independiente respecto a estas actividades y sus responsables".