La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional surgido en Colombia tras el acuerdo de paz, le reiteró al presidente Iván Duque sancionar "con carácter prioritario" la ley estatutaria de dicha norma, que se constituye en su eje de funcionamiento.

Mediante un breve comunicado, la JEP le hizo el llamado al mandatario "teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica para los 9.691 ex miembros de las FARC, 1.958 miembros de la fuerza pública y 93 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP".

El mecanismo de justicia alternativa recordó que la Corte Constitucional "de manera inequívoca y perentoria", remitió el proyecto de Ley Estatutaria al presidente del Congreso para que el documento se "firme por los presidentes de ambas cámaras" y se envíe al jefe de Estado para la respectiva "sanción y promulgación".

La petición tiene lugar luego de que el fiscal general Néstor Martínez le solicitara a Duque Márquez objetar dicha Ley al asegurar que son inconvenientes frente a la política criminal del Estado y compromisos internacionales.

"La Fiscalía considera que el debate del juicio de conveniencia sobre algunos artículos es necesario e imprescindible, el debate no puede darse sobre la forma, se debe dar sobre los temas de fondo", dijo el jefe del ente acusador.

Esta no es la primera vez que Martínez se pronuncia en contra de este organismo creado para investigar y sancionar los delitos ocurridos el marco del conflicto armado. Desde agosto de 2017 ha cuestionado el proyecto que reglamenta la JEP; en 2018 inició varias investigaciones en contra de sus funcionarios por diferentes motivos, incluida la entonces directora administrativa de la entidad, Martha Lucía Zamora. Además, en octubre del mismo año ordenó una inspección del expediente del caso 001, que se adelanta con 32 exjefes de las FARC, y que contenía 6.162 hechos de secuestro, homicidios y desapariciones forzadas.

En otra ocasión, el fiscal ordenó a sus subordinados no entregar expedientes a la JEP hasta tanto no quedara clara su competencia para esos casos. También ha habido diferencias respecto a la situación del exjefe guerrillero Jesús Santrich, que lleva en la cárcel más de 300 días y quien es pedido en extradición por la justicia estadounidense por supuestos delitos de narcotráfico.

A pesar de las preocupaciones respecto a la norma que reglamenta la JEP, el presidente Duque señaló en la mañana de este lunes que no objetará la ley estatutaria.