Perú, el país donde solo 47 de los más de 20 mil casos de desaparición forzada han terminado en sentencia
La Comisión Internacional de Juristas pidió acciones para evitar la impunidad de las desapariciones en el conflicto que vivió Perú durante 20 años hasta el fin del Gobierno de Alberto Fujimori, en el que se cuentan 7.334 ejecuciones extrajudiciales.
Manifestantes recuerdan a las personas desaparecidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori en una protesta en las calles de Lima el 18 de enero de 2018. Archivo (Sebastián Castañeda - Agencia Anadolu)
Colombia
Por: Sergio García Hernández
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) presentó un informe en el que señala que solo 47 de los más de 20 mil casos vinculados a denuncias de desapariciones forzadas en Perú han tenido una sentencia judicial.
“En efecto, a pesar de que existen más de 20.000 casos registrados de desaparición forzada, hasta el año 2020, solo se habían emitido 47 sentencias según el registro del Instituto de Defensa Legal (IDL)“, menciona el informe de la CIJ.
El documento publicado por la CIJ, titulado ‘Perú: desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estudio de línea de base, mayo de 2021’, detalla que a los altos niveles de impunidad se debe sumar que varios casos han terminado en absoluciones o en sentencias que no reflejan la gravedad del crimen cometido.
Para la organización, los altos niveles de impunidad se explican, en parte, desde el hecho de que los fiscales y jueces no están en capacidad de tramitar la enorme demanda de casos.
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La CIJ considera, a su vez, que hay una dificultad en el acceso a las pruebas debido a que, por las características del crimen, sus perpetradores han destruido gran parte de la evidencia. Adicionalmente, las fuerzas armadas no han entregado la información que tienen en su poder y que contribuiría a esclarecer varios hechos.
“Sobre este tema, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha denunciado la destrucción y falta de acceso a archivos de seguridad de las Fuerzas Armadas. Igualmente, el Gobierno Nacional no ha tomado medidas para asegurar que las Fuerzas Armadas cooperen plenamente con las autoridades y den acceso a la información”, menciona el informe.
La organización también lamenta que los procesos han dependido de las víctimas y la sociedad civil sin que haya existido, en muchos casos, un rol activo por parte de los fiscales a cargo de las investigaciones.
Un problema adicional es que, según las víctimas, varias sentencias condenatorias han sido posteriormente revocadas o anuladas, lo cual atribuyen a errores jurídicos cometidos por los fiscales.
A esas problemáticas, la CIJ suma que en Perú también ha existido una falta de judicialización de los máximos responsables de las desapariciones forzadas.
“Si bien existen algunas sentencias emblemáticas contra algunos máximos responsables, como es la condena al expresidente Alberto Fujimori por el caso La Cantuta y Barrios Altos, lo cierto es que en su mayoría quienes emitieron las órdenes y coordinaron las operaciones relacionadas con casos de desaparición forzada no han sido llevados ante la justicia. Esto es de gran importancia pues el Estado tiene el deber de investigar y judicializar a todas las personas que intervengan en la comisión de violaciones a los derechos humanos. Además, no debe perderse de vista que durante el conflicto armado las desapariciones forzadas fueron una práctica generalizada y sistemática por parte del Estado”, menciona Rocío Quintero, asesora legal de la CIJ y redactora del informe, a la Agencia Anadolu.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, el periodo de conflicto interno se extiende desde principios de la década de 1980, con el surgimiento de una facción del Partido Comunista de Perú denominada Sendero Luminoso que con las armas buscó tomarse el poder, hasta el comienzo del siglo XXI con el fin del Gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
Durante esos 20 años, Perú estuvo bajo estados de emergencia en los que se les otorgó amplias facultades a las Fuerzas Armadas para la restauración del orden público, afectado por las acciones de Sendero Luminoso.
“El aumento en la violencia no solo se dio por los enfrentamientos entre miembros de las Fuerzas Armadas y de Sendero Luminoso, sino también por las violaciones a los derechos humanos que empezaron a cometer las Fuerzas Armadas. En particular, se reportó un número considerable de casos de ejecuciones sumarias y de desapariciones forzadas. La mayoría de las víctimas eran campesinos de los Andes acusados de apoyar a Sendero Luminoso”, relata la CIJ en el informe.
La Comisión describe que, desde el comienzo del conflicto, se presentaron casos de desaparición forzada. Al principio del conflicto, según el informe, era frecuente que los arrestos o detenciones de civiles fueran llevados a cabo durante el día por agentes del Estado que portaban uniforme y no se cubrían el rostro. Con el paso de los años y la intensificación de las hostilidades, sin embargo, se volvió́ más frecuente que se realizaran incursiones a los domicilios de las víctimas, por lo general a altas horas de la noche.
Uno de los episodios sobre los que llama la atención la CIJ fue la creación del Grupo Colina, por parte del Gobierno de Fujimori, que participó en acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Como caso emblemático de desaparición forzada en Perú, la CIJ menciona lo sucedido en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” (La Cantuta), en la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando militares integrantes del destacamento Colina ingresaron a las residencias estudiantiles y se llevaron a nueve estudiantes y un profesor con rumbo desconocido.
“Luego de los hechos, los familiares de las personas desaparecidas buscaron establecer su paradero sin éxito. En 1993, fueron encontradas unas fosas clandestinas con restos óseos y pertenencias de las personas desaparecidas. Inicialmente, se lograron identificar los restos óseos de dos estudiantes. A la fecha, todavía no se han encontrado los restos de cinco personas”, detalla la organización.
La Comisión, que también abordó en su informe algunos hallazgos sobre ejecuciones extrajudiciales, menciona que durante diferentes periodos del conflicto la ejecución de civiles por parte de agentes del Estado fue una práctica sistemática en distintas zonas del país.
A través de las ejecuciones extrajudiciales, el informe menciona que se buscaba la eliminación de personas sospechosas de participar, colaborar o simpatizar con las organizaciones subversivas y que, en muchos casos, antes del asesinato, se sometió́ a las víctimas a interrogatorios y torturas.
De acuerdo con cifras de la CVR de Perú, en total 7.334 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el conflicto, incluidos niños, de quienes no se conoce la ubicación de los restos. “Al respecto, la CVR concluyó que ‘la ejecución extrajudicial (fue) el destino más probable de las víctimas de desaparición forzada’”, menciona la CIJ.
“Desde finales de la década de 1980, ciertas unidades especializadas de agentes estatales asesinaron civiles. A inicios de la siguiente década dicha estrategia se consolidó. La creación del Destacamento Colina es una expresión de ello”, explica la Comisión.
Rocío Quintero menciona que se han emitido menos de 100 sentencias en materia de derechos humanos, incluyendo casos de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales.
“En Perú no hay un registro oficial de las decisiones judiciales en materia de derechos humanos. No obstante, gracias al registro que lleva el Instituto de Defensa Legal (IDL), sabemos que, de los más de 20.000 casos registrados de desaparición forzada y de los 7.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, se han emitido menos de 100 sentencias. Si bien será muy difícil que se judicialicen todos los hechos, este número de sentencias es bastante bajo. Lo más grave es que la mayoría de ellas son sentencias absolutorias. Esto quiere decir que la cifra de responsables condenados es realmente muy baja”, explica Quintero.
La asesora de la CIJ también afirma que a pesar de la existencia de un Plan Integral de Reparaciones (PIR), la mayoría de las víctimas no ha sido reparada integralmente. Esto obedece a la prevalencia que se le ha dado al programa de reparación económica en detrimento de otros programas.
“Al respecto, a finales de 2020, la Defensoría del Pueblo informó que existían mínimos avances en los programas de reparación en materia de educación (1.83%), vivienda (4.3%) y reparación colectiva de asociaciones de personas desplazadas (12%). Esta situación desconoce que el derecho a la reparación también requiere el acceso a medidas de restitución, rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición”, señaló.
Por otro lado, Quintero explica que, aunque más del 90% de las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sido reparadas económicamente, el monto de la reparación (10.000, soles equivalentes a unos USD 2.600) ha sido cuestionado.
“El monto es bajo si se compara a otras reparaciones económicas que ha entregado el Estado peruano. Adicionalmente, está el problema que en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, el monto se divide entre los familiares, lo que implica que cada persona puede recibir un monto todavía más pequeño”, indicó la asesora.
A modo de conclusión, Quintero menciona que, pese a que muchos de los crímenes sucedieron hace tres o cuatro décadas, hay una angustia entre los familiares de morir sin saber el paradero de sus seres queridos.
“Esta es una realidad a la que el Estado peruano no le ha prestado la atención necesaria. Es realmente urgente que el Estado priorice la protección de los derechos de las víctimas que ya son adultos mayores”, afirma.
Ante la situación, la Comisión hace unas recomendaciones entre las que se encuentran que la búsqueda de personas desaparecidas sea establecida como una prioridad en las políticas del Estado.
La organización también recomienda que el Gobierno peruano garantice el acceso a toda la información relacionada con la desaparición forzada de personas, en particular aquella que está en poder de las Fuerzas Armadas, y que mejore la atención y el trámite de las denuncias.
Otra recomendación, vinculada a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, es que se construyan casos patrones que agrupen a un grupo plural de víctimas y victimarios de este crimen, que tiene una profunda conexión con la desaparición.
La CIJ con su informe revela una realidad vinculada a crímenes que se suelen asociar más a Colombia, Argentina o Chile en Suramérica, pero que marcan una historia reciente de heridas que Perú aún tiene por sanar.
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