Más de 30 ONG denunciaron mediante una nota de prensa que el albergue Casa del Migrante de Saltillo, ubicado al norte de México, ha recibido intimidaciones durante las últimas semanas. Indicaron que el pasado 20 de julio, cinco agentes de policía llegaron al sitio en camionetas oficiales y pretendieron ingresar a las instalaciones para realizar revisiones del estatus migratorio de las personas allí alojadas.

“De acuerdo al marco legal mexicano, ni las autoridades migratorias, ni mucho menos las fuerzas de seguridad, pueden realizar visitas de verificación migratoria en albergues de migrantes”, mencionaron las ONG en una nota de prensa.

Las organizaciones detallaron que un trabajador del albergue impidió la entrada de los agentes quienes le advirtieron que “se estaba metiendo en un problema”.

También contaron que, el pasado 23 de julio, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Saltillo se acercaron a las puertas del albergue donde hicieron fotografías y grabaron unos videos.

“Nosotras, las organizaciones firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante los recientes hechos de intimidación y hostigamiento perpetrados por autoridades mexicanas en contra del personal de la Casa del Migrante de Saltillo”, indicaron las ONG.

Mediante el comunicado, las organizaciones mencionaron que el albergue ha dado asistencia a migrantes desde el 2002 en Saltillo, capital de Coahuila, un área de México que ha enfrentado altos niveles de violencia durante la última década.

Desde 2010, quienes trabajan en la Casa del Migrante de Saltillo cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como medidas de protección del Mecanismo de Protección del Gobierno mexicano.

El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que es la única entidad con la autoridad para efectuar una verificación del estatus migratorio de un individuo en México.

La Casa del Migrante de Saltillo fue la organización que denunció el asesinato de un migrante salvadoreño, el pasado 31 de julio, perpetrado presuntamente por agentes de la Fiscalía del Estado de Coahuila durante un operativo.

Dentro de las ONG que firmaron el comunicado se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Alianza Américas.