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México: Inocentes encarcelados revelan necesidad de corregir vicios del sistema penal

Abogados y reos consideran importante que prime la presunción de inocencia en el nuevo paquete de reformas penales propuesto por el Ejecutivo.

16.01.2020
México: Inocentes encarcelados revelan necesidad de corregir vicios del sistema penal Humbertus Pérez Espinoza fue detenido sin ninguna orden judicial. (Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna)

Mexico

Por: Alejandro Melgoza Rocha

Hace poco más de cuatro años, el 4 de noviembre del 2015, inició un infierno para el profesor Humbertus Pérez Espinoza, cuando unos agentes ministeriales lo detuvieron sin ninguna orden judicial. Lo subieron a una patrulla paseándolo por horas mientras lo torturaban mediante asfixia, con el fin de obligarlo a reconocer un delito en cuanto lo presentaran en el Ministerio Público.

Humbertus, maestro en economía, sabía de qué se trataba, pues 20 días antes había iniciado una batalla legal, vía amparos, contra una empresa inmobiliaria ligada a una familia de políticos poderosos del Estado de México -una entidad colindante a Ciudad de México-, para defender a ciudadanos defraudados, debido a que sus casas no tenían servicios públicos.

Sus actividades como líder de la asociación Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna pronto hicieron daño, según su defensa y familiares, pues lograron una orden de aprehensión contra el apoderado legal de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos, de la cual, acusan, pertenece a los Urbina Bedolla, una familia que ha ocupado cargos públicos durante años en un municipio llamado Tecámac.

A Humbertus no sólo lo ingresaron a un ministerio público violando su presunción de inocencia, sino que, se le mantuvo cautivo por un supuesto intento de soborno a los policías, carente de pruebas, para más tarde iniciarle un proceso judicial por el delito de robo con violencia, el cual sólo contenía un testimonio, basado en dichos de terceros.

Luego, con mínimos indicios, lo ingresaron al penal, bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, es decir, encarcelado mientras se le investigaba.

En los siguientes años Humbertus batalló en las audiencias demostrando su inocencia -contrario a lo delineado en el nuevo sistema oral-. Pero no sólo eso, se dedicó a asesorar a reos a quienes señala que les “fabricaron delitos” como a él, con lo cual nació la “revolución azul”, llamada así porque los reos sin sentencia son uniformados con ese color. Los sentenciados usan beige.

Incluso, interpusieron un amparo colectivo, conformado por 400 reos, denunciando tortura y violación a la presunción de inocencia.

Con el tiempo, su defensa desacreditó otra acusación más que le hicieron por robo a casa habitación, y después lo señalaron de otra más por extorsión, la cual ahora enfrenta con ventaja, debido a que, en el mismo caso que las anteriores, no hay pruebas.

Humbertus se autodenomina “preso de conciencia” y ha visto desde la cárcel la muerte de su madre sin que le permitieran ir a su funeral, además de padecer una pancreatitis, producto de las condiciones precarias del penal.

Vicios judiciales

La historia de Humbertus, como la de otros tantos reos en México, es un caso ejemplar para mostrar “vicios” que se han acumulado desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en 2016 -el tránsito a los juicios orales-, con inicios en algunos estados desde 2008, como lo son la entidad de la frontera norte de Chihuahua, y posteriormente, el Estado de México.

Precisamente varias de estas fallas -como la violación a la presunción de inocencia y el debido proceso que denunció Humbertus- se discutieron previamente en el paquete legislativo, que fue presentado por el Ejecutivo al Senado este miércoles a las 11 de la mañana junto al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el coordinador parlamentario del partido del ejecutivo Morena, Ricardo Monreal.

Se trata de un paquete de nueve iniciativas de propuestas de modificación a la Constitución Política, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de la Fiscalía General de la República.

Este paquete no significa que sea definitivo, pues en las próximas semanas se someterán más discusiones públicas en el Senado, que ya comienzan a levantarse tras la filtración de borradores este lunes y martes.

Por eso, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Jorge Reyes Peralta, antes de adelantarse a los bombos y platillos, considera en entrevista con la Agencia Anadolu que, en primer lugar, este paquete debe privilegiar la separación de los asuntos políticos de los de procuración y administración de justicia.

“Cada que interviene política o se politizan los asuntos o se usa la procuración de justicia para vengarse de rivales es cuando echan a perder este sistema”, dice el penalista, quien apuntó que aportaron sugerencias al paquete legislativo durante las discusiones previas a la presentación de este día.

Y es que precisamente el caso de Humbertus, según sus denuncias durante audiencias, estuvo de la mano de una venganza. Se le ha considerado en la opinión pública como un “preso político”, y ha sido visitado por el sacerdote, Alejandro Solalinde, quien ha exigido su liberación; además de estar en la lista de solicitudes de presos políticos que revisa la Secretaría de Gobernación.

Otro de los asuntos que señala el experto es el aumento del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, debido a que son contradictorios a la presunción de inocencia. “En eso estamos en desacuerdo (con el paquete), se está rompiendo el esquema de este sistema que privilegia la presunción de inocencia. Hay delitos que no merecen prisión preventiva oficiosa”.

Ese aspecto de la prisión preventiva lo ha alegado múltiples veces la defensa jurídica de Humbertus, debido a que han acusado que no hay elementos técnicos y científicos que acrediten el caso de la Fiscalía, desde el 4 de noviembre de 2015 que se le detuvo ilegalmente hasta la actualidad, razón por la cual dos casos han favorecido a Humbertus, al tiempo que permanece en la cárcel.

De la mano del tema de la prisión preventiva, Reyes critica que esto ha llevado a tener abarrotadas las cárceles, cuando se pueden elegir otras vías de solución, y enfocar a las fiscalías en crímenes de alto impacto. “¿Cuál es la idea de haber cambiado de sistema?, no podemos tener las cárceles más grandes del mundo ni enrejar todo el país, al contrario, debemos despresurizar los penales, debemos centrarnos en los delitos de alto impacto”.

Esta idea también coincide con una carta que Humbertus dirigió a la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía), así como a los poderes ejecutivo y judicial del Estado de México el pasado 3 de octubre de 2017, donde dice que “en miles de casos no existe investigación en estos procesos y que muchos de los procesados, imputados y sentenciados, son inocentes”.

Por otro lado, dice el abogado Reyes que la figura del arraigo -de acuerdo con borradores que trascendieron este martes-, es decir la retención domiciliaria, propuesta por la Fiscalía General de la República, significa volver a “viejas prácticas”.

“La balanza de la justicia de la materia va inclinada hacia el justiciable porque una vez que me judicializan entro con mi presunción de inocencia, llevo porcentaje a mi favor porque sin que diga nada me tienen que probar lo que me imputan, si nosotros volvemos a figuras como el arraigo es un retroceso”.

Paquete perfectible

A pesar de todas las criticas anteriores que, puntualiza, deben primarse en el paquete legislativo que presenta el Ejecutivo, señala que todo esto es “perfectible” y estarán participando en el proceso.

Algunos de los aspectos positivos que observan desde el Colegio de Abogados es la Ley General de Cultura Cívica, la cual destaca que ayudará a que las fiscalías no se distraigan en faltas menores, así como administrativas, y atiendan los delitos de alto impacto. “Va a despresurizar las fiscalías”.

Otro aspecto es la formulación de un Código Penal Único para todo el país, en vez de que cada una de las 32 entidades tenga un código penal distinto, pues apunta que eso “es un entuerto que cada una tenga uno”.

También enlista la ley enfocada hacia adolescentes, cuyo trato lo maneja se manera integral y no punitiva, así como el hecho de que el ministro presidente del Poder Judicial de la Federación ya no forme parte del Consejo de la Judicatura. “(El Consejo de la Judicatura) es un aparato burocrático, muy caro y poco efectivo, por lo menos el ministro presidente que ya no esté en el consejo. Lo que se pretende hacer ahora en 25 años no había sucedido en este país”.

“Vemos con beneplácito lo que va a suceder por mejorar, y estaremos participando activamente. Estamos trabajando sobre ello y quien mejor que nosotros (los abogados) que conocemos las deficiencias”, comenta el expresidente del Colegio, quien destaca que están proponiendo la certificación obligatoria de los abogados una vez que obtengan su cédula profesional de la universidad.

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