La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, que agrupa a varias ONG, señaló que en 2018 hubo 6879 víctimas, tanto heridas como mortales, debido a minas o restos de explosivos.

Según el informe de la organización presentado en la sede de la ONU en Ginebra, más de 3000 personas murieron por causa de estos artefactos y los países que encabezan la lista con más afectados son Afganistán, Malí, Birmania, Nigeria, Siria y Ucrania.

El 2018 fue el cuarto año consecutivo con cifras “excepcionalmente altas”, que son casi el doble que en 2013 explicó la entidad internacional.

Sin embargo, pese al reciente repunte en el número de víctimas, se han logrado progresos en estas dos décadas. 164 países han suscrito este tratado y no han vuelto a usar estas armas y existe una moratoria “de facto” para la producción.

El responsable de la oficina de armas de Human Rights Watch explica que "el número de víctimas ha ido de unas 20.000 al año en 1999 a unas pocas miles, hasta que un repunte reciente ha hecho subir esa cifra".

"Es justo decir que el tratado ha salvado decenas o incluso cientos de miles de vidas, extremidades y sustentos”, señaló HRW.

El repunte se ha producido porque estos explosivos siguen siendo usados por grupos armados no estatales.

La publicación del informe coincidió con el 20 aniversario de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona.