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La ONU le pide a Ecuador liberar cerca de 250 mujeres detenidas por aborto

Además de condenar el aborto, una relatora de la ONU reveló que siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física y que desde 2014 se han reportado 642 feminicidios en el país suramericano.

Diego Carranza Jiménez  | 11.12.2019 - Actualızacıón : 11.12.2019
La ONU le pide a Ecuador liberar cerca de 250 mujeres detenidas por aborto PUYO, ECUADOR - MARZO 8: Mujeres de diferentes comunidades indígenas amazónicas de Ecuador asistieron a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, en la calle Atahualpa en Puyo, Ecuador. 8 de marzo de 2018. (Jonatan Rosas - Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer de la ONU, Dubravka Simonovic, afirmó que Ecuador debe liberar a las cerca de 250 mujeres que presuntamente están detenidas por acusaciones de aborto, un asunto “contrario a los estándares internacionales” y que debe abordarse con “urgencia”.

Después de una visita al país, la relatora hizo un llamado a las autoridades ecuatorianas “a eliminar las barreras que perpetúan” los desafíos de género que enfrentan las ecuatorianas, como los recortes presupuestarios y la criminalización del aborto.

Simonovic concluyó que “hay una serie de obstáculos para que la Ley Orgánica sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador sea plenamente operativa”.

En el país, desde 2014 se han reportado 642 feminicidios. Además, según cifras divulgadas por la ONU, siete de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia psicológica o física.

De acuerdo con Naciones Unidas, Ecuador tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, a menudo como resultado de violación o incesto, así como de un sistema de justicia penal que prohíbe el aborto terapéutico con interpretaciones excesivamente restrictivas del derecho a la vida y las exenciones de salud.

Según la experta, “el alto nivel de violencia sexual y violaciones, incluso contra niñas y adolescentes en las escuelas y entornos educativos, pero también en el hogar, es de particular preocupación”. 

“La definición de violación en el código penal debe cambiarse y estar basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ya que este requisito impide que los perpetradores sean llevados ante la justicia, mientras que la prescriptibilidad para denunciar una violación debe enmendarse para permitir el inicio eficiente de los procesos penales una vez que la víctima haya cumplido la mayoría de edad”, afirmó la relatora especial.

Finalmente, la experta de ONU señaló que si el gobierno ecuatoriano da prioridad a la implementación de una nueva ley en esta materia, al desarrollo de un Plan Nacional de Acción para erradicar la violencia contra todas las mujeres, y asigna el presupuesto necesario, el país “podría hacer avances significativos en el futuro cercano para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas” ecuatorianas.

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