La desprotección de los indígenas bajo el gobierno de Bolsonaro se expuso en la CIDH

Por: Joana Oliveira

Cerca de 110 asesinatos, entre ellos el de un bebé de un año; 702 casos de mortalidad infantil; ocho muertes provocadas por inasistencia en el área de la salud, en muchos casos de enfermedades de fácil tratamiento; 33 violaciones del derecho a la tierra y 128 registros de suicidios.

Estos son algunos de los hechos registrados en 2017 que la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB, por sus siglas en portugués) llevaron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su periodo de sesiones número 171, que se realizó en la ciudad de Sucre (Bolivia), donde se habló sobre la violencia a la que se enfrentan los pueblos nativos en el país.

“Denunciamos una realidad de absoluta inseguridad jurídica en lo que se refiere a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en el país. En Brasil, los tres poderes del Estado han sido cómplices de la presión sobre sus territorios, permitiendo la explotación de sus recursos naturales, y resulta en violencia en las aldeas”, afirmó este miércoles Roberto Liebgott, coordinador del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que elabora cada año una relatoría sobre la violencia contra los 900 mil indígenas que viven en Brasil.

Los representantes de la APIB criticaron en la CIDH al actual Gobierno del derechista Jair Bolsonaro, cuya primera medida tras su llegada al poder fue transferir la función de demarcar las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura.

Tradicionalmente la Fundación Nacional del Indio (Funai) es el órgano encargado de la protección y delimitación de las tierras. Según esta entidad, tan solo en la Amazonía existen 16 territorios pendientes de estudio.

“Lo que ocurre es que Funai pasa por una reestructuración. Vamos a incluir a antropólogos para analizar la razonabilidad de las peticiones de protección de territorios, porque los indígenas dicen lo que quieren para poder ser compensados”, contestó en la audiencia ante la CIDH el general retirado Franklimberg Ribeiro de Freitas, nombrado por Bolsonaro para presidir la Funai.

Freitas ha dicho que existen 116 peticiones de demarcación de territorios indígenas en curso. Se trata de tierras que albergan a más de 120.000 indígenas de diversas etnias en todo el país y 54 están en manos de la justicia brasileña.

Alrededor de 7.000 proyectos de licenciamento ambiental para la construcción de carreteras, puentes o usinas en tierras protegidas están siendo analizados, de acuerdo con el exmilitar. “Antes [durante el Gobierno de Michel Temer] solo había ocho funcionarios para lidiar con esos procesos. Nosotros hemos añadido 20 personas, pero reconocemos que todavía no son suficientes”, dijo Freitas en Sucre.

Los representantes indígenas también denunciaron ante la CIDH “varios casos de niños retirados violentamente de sus familias para ser llevados a instituciones blancas”, como los Consejos Tutelares, una situación registrada en relatorías de la Funai desde 2015.

“Ellos no respetan la legitimidad de las organizaciones indígenas, retiran de sus familias niños que están siendo debidamente cuidados”, afirmó Luiz Henrique Eloy, de la etnia Terena, abogado de la APIB.

Eloy menciona específicamente el caso de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, que es acusada por indígenas Kamayurá, del parque indígena del Xingu (región central de Brasil), de secuestrar a una niña de seis años en 2005.

Alves es cofundadora de la ONG Atini, que actúa en el combate al infanticidio indígena, una práctica aún vigente en tribus de Brasil cuando los niños nacen con malformaciones o enfermedades graves.

La ministra siempre se ha referido a la joven, hoy con 20 años, como su hija adoptiva, aunque nunca había tomado las medidas formales de adopción, entre ellas, autorizaciones de la justicia y de la Funai. El Ministerio Público de Brasil abrió una investigación contra la ONG Atini, pero no contra la propia Damares Alves.

En su defensa, la ministra, que también es pastora evangélica, publicó una nota en la que afirma no haber violado ninguna ley y que los padres biológicos de la joven la visitan “regularmente”.

“Ella está siendo descalificada simplemente por ser cristiana”, dijo el director de la Funai. “La verdad es que seremos el mejor Gobierno para los pueblos indígenas y para todas las minorías”, añadió el exgeneral Freitas.

La protección está en la Constitución

Líderes indígenas de diferentes aldeas de Brasil ya se habían reunido con representantes de la CIDH el pasado noviembre donde presentaron sus denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que sufren miembros de la comunidad.

Uno de los casos considerados más graves es la amenaza de desalojo de familias de la etnia Tekoha que viven en 25 aldeas, en Paraná, al sur de Brasil.

A pesar de que la Constitución Federal garantiza a los pueblos indígenas, en su artículo 231, el derecho sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, diversas familias corren el riesgo de quedarse sin sus terrenos y sin tener a dónde ir.

"Son reconocidos a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes”, reza la carta magna de Brasil.

Con ocasión de la visita a las aldeas, la comisaria de la CIDH Antonia Urrejola Noguera explicó que se iba a emitir un documento con recomendaciones a Brasil, con base en las informaciones de los órganos oficiales y en los testigos de los indígenas. Se espera que tras las audiencias de la CIDH se emita el documento.

La vida cotidiana de los indígenas

Además de los Tekoha, las etnias Guarani, Ava-Guarani y Kaiowá han denunciado problemas comunes en su vida diaria. “Nuestros niños sufren discriminación en las escuelas. Enfrentamos secuestros por parte de empresarios madereros y agrícolas que nos llevan hacia Paraguay, eso es muy grave”, se quejó el cacique Tekoha Y´hovy.

“El otro día, uno de nuestros compañeros, de 21 años, sufrió un atentado con disparos después de salir de una reunión de líderes en una oficina de la Funai. No sabemos si volverá a caminar, porque no siente las piernas. Necesitamos ayuda para salvar nuestras comunidades", dice.