La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó este lunes 25 de julio a 22 militares de asesinar a al menos a 303 civiles y presentarlos como combatientes rebeldes muertos en combate.

Los asesinatos forman parte de un escándalo conocido en Colombia como los "falsos positivos", un esquema establecido por los oficiales del Ejército colombiano para aumentar sus estadísticas en la lucha contra la guerrilla, de modo que los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas pudieran recibir ascensos u otros beneficios económicos.

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Es la primera vez que el tribunal de la JEP acusa a miembros del ejército de utilizar a niños para cometer los delitos. Los soldados utilizaron a menores para reclutar a algunas de sus víctimas y engañarlas antes de asesinarlas, dijo el tribunal en un comunicado.

Entre las 303 víctimas había mujeres, una persona de orientación sexual diversa, adolescentes, ancianos y personas con discapacidades cognitivas.

"No fueron hechos aislados ni espontáneos", dijo la JEP en un comunicado.

Los asesinatos se presentaron como muertes en combate en los departamentos colombianos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre 2005 y 2008, para inflar el recuento de cadáveres, aseguró el tribunal.

La mayoría de los "falsos positivos" tuvieron lugar entre 2002 y 2008, bajo el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que intensificó la lucha contra el grupo rebelde FARC, ahora desmovilizado, que firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

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En muchos de estos casos, se reveló que después de matar a sus víctimas, los soldados las vestían con trajes de guerrillero y botas de combate y les plantaban armas a sus víctimas para que parecieran insurgentes. En ocasiones, las víctimas se encontraban incluso con las botas puestas al revés o con uniformes nuevos. 

Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada XVI denominaban a estos implementos el “kit de legalización” y más de 140 millones de pesos provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el "accionar criminal de los imputados", según la JEP.  

La JEP descubrió en febrero que al menos 6.402 personas fueron asesinadas como "falsos positivos".