Susana Patricia Noguera Montoya
22 Noviembre 2018•Actualizar: 22 Noviembre 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por una intervención violenta de la fuerza pública chilena en una comunidad indígena que resultó en un joven muerto.
El pasado 14 de noviembre, un comando del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), fuerza policial de carácter militar de los Carabineros, realizó un operativo en la comunidad indígena mapuche de Temukuikui, en la región de la Araucanía.
El Ministerio de Interior dijo que el operativo policial inició luego de que se denunciara el robo de tres vehículos en la zona. En el momento de la intervención, Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 años, recibió un disparo en la parte baja de la cabeza, por la espalda. El joven fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Ercilla, donde falleció mientras recibía atención médica. En el operativo, la fuerza pública también detuvo a un adolescente, pero luego un juzgado declaró la detención como ilegal y ordenó su libertad inmediata.
“La CIDH observa que el 18 de noviembre se anunció que uno de los miembros del grupo de operaciones especiales, que participó de la operación en la comunidad, señaló inicialmente no contar con grabaciones del operativo en la comunidad. No obstante, se verificó posteriormente que existían grabaciones del operativo y que esta evidencia fue destruida por los propios policías”, dijo el organismo en un comunicado de prensa.
Ante la situación, el Gobierno de Chile anunció que desvinculó inmediatamente a cuatro agentes policiales involucrados en el operativo. Además, el Jefe de Orden y Seguridad de la Araucanía y el prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía renunciaron a sus cargos.
Sin embargo, la CIDH afirmó que es necesario conocer toda la verdad sobre el caso y urgió al Estado de Chile a “investigar estos hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”.
“El Estado chileno tiene la obligación de investigar estos lamentables hechos de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, dijo el comisionado Luís Ernesto Vargas, relator de país. “Además de establecer la verdad de lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables”, añadió.
