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¿Cómo entienden los pueblos indígenas el género y la sexualidad?

Dos casos de abuso sexual a niñas indígenas en Colombia por miembros del Ejército abrieron el debate sobre qué jurisdicción debe procesar a los culpables, teniendo en cuenta que la sexualidad tiene implicaciones particulares dentro de estas culturas.

Maria Paula Trivino Salazar  | 14.07.2020 - Actualızacıón : 18.07.2020
¿Cómo entienden los pueblos indígenas el género y la sexualidad? Mujer indígena en el resguardo embera Gitó Dokabú, en el corregimiento de Santa Cecilia, en los límites de los departamentos de Risaralda y Chocó, en Colombia. (Juancho Torres - Archivo Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

Por: Maria Paula Triviño

Los pueblos indígenas no tienen la misma distinción entre hombre y mujer que se aplica en el derecho universal. Esa dualidad va en contra del principio de unidad armoniosa con la naturaleza y ha representado un fuerte choque con los Gobiernos nacionales, que en un intento por proteger a estas comunidades han ignorado sus tradiciones y creencias.

No existen muchos estudios que permitan reconocer cómo se forma la identidad y la sexualidad en los diferentes pueblos indígenas colombianos, pero tal vez uno de los más completos es el de Dany Mahecha Rubio, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Letras de la Universidad Libre de Amsterdam, quien estudió la sexualidad y los procesos de socialización de los Nukak Makú. Sus investigaciones mostraron que una de las primeras enseñanzas que recibe un niño es aprender a cuidar su cuerpo a través de la alimentación adecuada y las prácticas chamanísticas. Además, se le enseña a controlar sus comportamientos y emociones.

La importancia de los rituales en la etapa de crecimiento la confirma Lejandrina Pastor, consejera de mujer, familia y generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Por ejemplo, la forma como nosotros vemos la menarquia no está incorporada en los protocolos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Para nosotros, ese es un momento muy importante, cuando una niña pasa a ser mujer y se le debe hacer un ritual serio, en el que debe dejar uno o dos meses sus estudios porque ahora debe conocer que tiene que cuidar su cuerpo de personas que quieran hacerle daño. Para los niños también hay un ritual, pero es muy difícil que las organizaciones del Gobierno nos garanticen esto porque ven el tema de los derechos siempre desde el control”.

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Lejandrina asegura que desde los años ochenta las mujeres indígenas comenzaron a trabajar el tema de la mujer y de la enseñanza sexual de los niños, porque había muchas viudas en los resguardos debido al conflicto armado. La incorporación a la guerra, los cultivos ilícitos y la minería a gran escala también hicieron que se empezara a vivir la violencia intrafamiliar dentro de las comunidades.

“Ese fue el momento en que las mujeres empezamos a ingresar a las organizaciones nacionales. Sin embargo, es muy complicado trabajar con el Estado porque tienen un enfoque de género y unas estructuras que son diferentes a las nuestras. Incluso, la política de la niñez en Colombia solo tiene la foto de un niño indígena; no tiene nada sobre nuestras tradiciones”, afirma la consejera.

El tema de la familia también funciona muy diferente a como se da en las ciudades. Las familias indígenas son muy extensas porque los hijos no solo son vistos como niños, sino también como perpetuadores de las tradiciones de un pueblo, en quienes se refleja la salud espiritual, emocional y física de la comunidad.

Es por eso que “cuando pasó lo que pasó con la niña embera no solo le pasó a ella, sino a todo el resguardo”, dice Lejandrina. Ella se refiere a la violación de una niña embera por parte de siete militares en el resguardo Gito Dokabú, en el departamento de Risaralda, denunciada el pasado 24 de junio.

A ese episodio se suma la presunta retención y violación de una niña de 15 años de la etnia Nukak Makú en una guarnición militar del Guaviare durante seis días. Los dos casos pusieron en el centro del debate en Colombia el tema del abuso sexual al que han sido sometidas las niñas y mujeres indígenas por parte de los actores del conflicto armado.

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“Esto es un tema estructural. Cuando el Ejército llega a las regiones, para ustedes es algo bueno, pero nosotros solo pensamos: Recojan a sus hijos, recojan a las niñas, no caminen de noche, caminen de a dos personas para que haya testigos cuando algo pase, porque además de que no tenemos un celular para grabar, la barrera del idioma es muy complicada y denunciar los casos es muy difícil si no nos ponen un intérprete que pueda traducir bien al español y viceversa”, asegura Pastor.

La situación que viven las comunidades es alarmante. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en este momento hay nueve casos en investigación y 40 en etapa de juicio por abuso sexual contra niñas indígenas por parte de civiles y militares. Solo en el pueblo Nukak Makú, la Fiscalía priorizó este mes de junio 12 casos de violencia sexual contra niñas.

“Ha sido muy difícil pensar que solo con la pandemia de coronavirus, estos casos de abusos empezaron a salir a la luz pública”, recalca Lejandrina.

La justicia indígena

Uno de los temas más espinosos en estos casos es cuál jurisdicción debe operar para su procesamiento. Para la mayoría, debe ser la justicia ordinaria la que imponga altas penas a los abusadores y no la justicia penal militar, mientras que para los indígenas debe ser la Jurisdicción Especial Indígena la que condene a los perpetradores.

“Ustedes dicen que nosotros somos impunes y que guardamos todo lo que pasa, pero lo que no entienden es que la justicia ordinaria cubre solo a quien es víctima y no a la comunidad entera como lo hace la Jurisdicción Especial Indígena. Allí en la denuncia participa la guardia indígena, la autoridad espiritual y la familia. Esto no solo se trata de que las mujeres no queramos hablar”, afirma la consejera.

Y es que el sistema de justicia de los cabildos ha sido fuertemente estigmatizado bajo la creencia de que solo aplica los azotes y el cepo para los victimarios. En la teoría, Colombia es uno de los países que más goza de pluralismo legal formal gracias a los logros de la Constitución de 1991, pero existen enormes vacíos cuando se debe aplicar la justicia entre dos personas (víctima y victimario) que hacen parte de diferentes culturas.

Hay que tener en cuenta que la Jurisdicción Especial Indígena no se limita solo a los delitos que cometen los miembros de las comunidades, sino también a asuntos relacionados con el medioambiente, la educación y la salud.

“En los resguardos trabajamos desde la prevención, pero eso no lo ve el Gobierno. Desde nuestra justicia, se busca restablecer y enderezar a los victimarios en un proceso que dura años. A las niñas y mujeres víctimas, las convertimos en lideresas para que puedan mejorar su vida”.

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Desde 2016, cuando se realizó el Noveno Congreso de la ONIC, se visibilizaron las prácticas que van en contra de la salud y la seguridad de las mujeres, niñas y niños indígenas para fortalecer los programas, las áreas y las coordinaciones que ya existen en las regiones. 

Sin embargo, la nación aún está en deuda de crear una política de niños indígenas, mientras la creación de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que hace parte de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 ‘Pacto por la Equidad’, aún sigue pendiente.

“Nosotros intentamos que el Ministerio del Interior firmara por fin la creación de la comisión el pasado 8 de marzo, pero dicen que por el coronavirus se va a retrasar. Para erradicar la violencia contra las mujeres indígenas, necesitamos concertar con el Gobierno Nacional e incorporar el enfoque diferencial indígena en las guías metodológicas que tienen las instituciones gubernamentales. Además, eso nos servirá para caracterizar nuestra relación con el Ejército Nacional, porque en nuestros espacios ellos también han sido protagonistas de la violencia contra nosotras”, concluye Lejandrina.

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