Por: Diego Carranza

Este domingo se cumplió el tercer aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. En vez de ser un día conmemorativo, pasó de cierta manera desapercibido, en medio de una de las protestas más grandes y simbólicas que ha tenido Colombia.

El país completa este lunes cinco días de movilizaciones en todo el territorio nacional, luego de que el pasado 21 de noviembre iniciara un paro nacional convocado a inicios de octubre por sindicales obreras y a la que se fueron sumando más sectores de la sociedad civil. 

En Twitter, el expresidente Juan Manuel Santos señaló que gracias al acuerdo firmado “hace 3 años los colombianos pasaron de marchar en contra de secuestros, tomas guerrilleras y minas antipersonal, a marchar por más oportunidades y un mejor futuro. Una paz imperfecta siempre será mejor que una guerra perfecta”.

Justamente, este es uno de los aspectos más positivos que ha dejado el acuerdo de 2016. Según el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, “para analizar como país el resultado del acuerdo, primero, de lo que se trata cuando uno hace un acuerdo de paz, es de que cese la violencia”.

“Y en absolutamente todos los indicadores, al país le ha ido bien después de haber firmado este acuerdo. Los índices de muertos en violencia, secuestro, de personas víctimas de minas quiebrapatas, de soldados heridos, son infinitamente menores”, señaló.

Otra voz que concuerda es el partido Farc. Rodrigo Granda, representante de la colectividad en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), dijo que en general “en el tema de reducción de violencia sí hay un avance indudable”. 

“En muchas áreas que antes estaban azotadas por la violencia, ha rebajado; igualmente el número de personas (muertas) por cuenta de la confrontación armada con las Farc, efectivamente ha rebajado. Eso es un gran logro y una cuestión tangible en el proceso de paz. El hecho de que las elecciones pasadas se haya podido desarrollar en plena paz, también es producto del mismo… o que la izquierda haya logrado ocho millones de votos, o los 12 millones de votos en el referendo anticorrupción”. 

Pero sumado a esto, resaltó Granda, hoy hay “una poderosísima marcha” organizada a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con “un descontento muy grande, con que no se escucha al pueblo y sus organizaciones, de los incumplimientos del Estado a estudiantes, profesores y campesinos y desde luego a la paz… la perfidia del Acuerdo de La Habana, porque eso hay que cumplirlo”.

“Pero no hay la voluntad política. Cada cual habla de la feria como le va en ella. Pero en los territorios donde está la Farc en este momento, el desconcierto es muy grande”, añadió el líder de la Farc. 

Un punto medio de afinidad es la reincorporación a la vida civil de los excombatientes. Emilio Archila dice que lo que ha hecho el Gobierno “es absolutamente fenomenal”.

“Fueron a grosso modo 13 mil excombatientes registrados ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y de ellos, tenemos 98% bancarizados y más del 90% en el sistema nacional de salud y el de pensiones. En este Gobierno recibimos dos proyectos productivos colectivos y hoy tenemos 37; recibimos cero proyectos productivos individuales y ahora son más de 400. Esto cubre casi 5.000 excombatientes en apenas un año". 

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) detalló que en lo referente a los proyectos productivos financiados con recursos de cooperación internacional, son 37 emprendimientos denominados XB (por sus iniciales en inglés Extra Budget), que beneficiaron a 1.820 personas, por un valor total de COP 2.198 millones (USD 666.000). 

Los XB, con un recurso económico de USD 18.000 para cada emprendimiento, constituyen un apoyo a estos proyectos ubicados en su mayoría en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Los proyectos son colectivos y los cooperantes internacionales son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la ONU y algunas embajadas.

Pero, además, para poder entregarles proyectos productivos y viviendas a los exguerrilleros, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo que prevé que los activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se puedan poner a su disposición. “Hoy hay 500 inmuebles”, afirmó Archila. 

Igualmente, subraya el alto consejero, “todas las garantías que estaban previstas para que los excombatientes terminen su proceso de reincorporación se han extendido: la provisión de alimentos y salud iban a terminar en diciembre y las extendimos. La provisión financiera iba a terminar en agosto de este año y la extendimos sin ningún límite de tiempo”. 

También se transformaron los antiguos ETCR que terminaban en agosto. 

“Iniciamos un proceso de planeación muy concertado y se vieron cuáles se podían prorrogar, conseguimos COP 16 mil millones y estamos en proceso de comprar los que son viables jurídicamente para poder usarlos como proyectos productivos y vivienda”, puntualizó.

Rodrigo Granda, por su parte, indica que los avances que “uno pudiera notar, pueden ser en sostener la bancarización y en un esfuerzo por tratar de que algunos proyectos productivos mínimos puedan funcionar”.

Aún así, no es suficiente. Según el líder de Farc, el Gobierno insiste en que se ejecuten proyectos individuales y considera que “poniéndole una peluquería, una cafetería o una carpintería a un excombatiente se arreglan los problemas, cuando hemos dicho que la esencia es una reincorporación colectiva, trabajo comunitario, cooperativo, que permita que el grueso de los antiguos excombatientes y comunidades aledañas se favorezcan”.

Granda asegura que de los cerca de 14 mil hombres y mujeres que estuvieron en armas, solo se benefician 1.900. “Un bajísimo, bajísimo porcentaje. Pero lo peor es que en el PND y en el plan marco de reincorporación se nota una desfinanciación para la paz. Se han tomado partidas que ya están en los presupuestos normales de la Nación y se hacen aparecer como inversión nueva para la paz… es un desafuero”, advierte.

Y aquí crecen las discrepancias.

Tierras, sustitución de cultivos y esencia del acuerdo, en rojo

Archila indica que después de parar la violencia, de lo que se trata un acuerdo de paz es de lograr que quienes han estado en armas “pasen a debatir sus ideas democráticamente”: “tenemos al partido Farc en el Congreso y tuvimos las elecciones locales más pacíficas en los últimos 60 años, gracias a las garantías que este Gobierno le dio a todos los partidos”.

El consejero recordó que para lograr unas elecciones como las de octubre, procesos de paz como el irlandés se demoraron al menos una década: “Irlanda se demoró diez años en entender que tenía que darle un espacio democrático a sus oponentes, tuvo que volver a abrir sus acuerdos e iniciar de nuevo el proceso”.

“Pudieron participar y obtuvieron los resultados que corresponde a la democracia. Eso ha tenido poca publicidad pero es realmente significativo. Al final, uno puede no compartir sus ideas, pero de lo que se trata es que hubieran abandonado las armas para imponer sus ideas y que lo estén haciendo democráticamente".

Para la época electoral hubo medidas especiales de protección y garantías para el partido Farc, lo que generó que “ningún candidato fuera secuestrado o asesinado”, aseveró Archila. Fueron unos 200 esquemas de seguridad dispuestos. 

Pero Granda sostiene que no hubo tales garantías y que aunque los comicios locales “reflejaron parte del cambio” que el país atraviesa, varios candidatos de Farc “tuvieron que renunciar por las amenazas, el desplazamiento, el bloqueo económico, la estigmatización o la irresponsabilidad, por ejemplo, de ese oscuro ministro de Defensa (Guillermo Botero) que acaba de salir”.

El representante de Farc afirma que se “ha venido insistiendo en que el acuerdo es integral” y no se puede cumplir “una partecita sí y la otra no”, dejando las cuestiones esenciales por fuera. 

Por lo menos, en la reforma rural integral (que intenta enmendar “el problema central del conflicto” en Colombia), “eso no avanza, ni siquiera la tierra que necesitan los antiguos exguerrilleros para poder desarrollar los proyectos productivos”, señala Granda.

“Colombia en este momento tiene 114 millones de hectáreas de terreno, de las cuales 40 millones están en manos de latifundistas y terratenientes, mientras que los campesinos no tienen en qué caer muertos”, lamentó.

Granda expuso además que muchos de esos latifundistas y terratenientes “no pagan ningún tipo de impuesto, son evasores”, que la violencia que ha retornado al campo no ha permitido que ocho millones de colombianos despojados retornen a sus tierras y que hay también “más o menos ocho millones de hectáreas de tierra que están legalizándose a favor de los despojadores”.

Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumentos de planificación plasmados en el acuerdo, tampoco se salvan: “el Gobierno eso lo ha distorsionado y convertido en proyectos municipales que no tienen nada que ver con lo que se destacó desde La Habana”.

Y así mismo ocurre con otros puntos como la reforma política, que está “enmochilada”; o la electoral; la justicia transicional o el “problema de las víctimas, que deben estar en el centro del acuerdo… siguen “demasiado atrasados”, aseveró Granda.

Seguridad, el punto crítico

Pero hoy, la seguridad es uno de los problemas más serios. Granda indica que ‘el partido de la rosa’ no siente las “garantías de respeto a la vida”. Cifras del mismo partido muestran que hasta el momento, han sido asesinados 172 exguerrilleros, 50 de sus familiares y 800 líderes y lideresas sociales.

Y habló además del “continuo avance de los grupos paramilitares”. Según él, “no hay una voluntad política de exterminarlos, a pesar de que en el Acuerdo” se contempla la creación de una unidad especial para acabarlos y judicializarlos. 

“En la Fiscalía hay 15 mil compulsas de copias, donde están los nombres de empresarios, empresas, gente muy prestante, con apellidos y nombres propios, vinculados de una u otra manera a estas estructuras criminales y no ve uno que rindan cuentas”, indicó.

Igualmente, Granda mencionó que hay unos “esfuerzos muy grandes” del Gobierno para lo que “ellos llaman una reingeniería, pero que en la práctica lo que trata es de acabar con la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fue producto del Acuerdo de La Habana”.

“Nuestra seguridad quedaría en manos de lo que anteriormente fue el DAS o el F2, o de la DEA o la CIA. Eso es absolutamente inconcebible, nosotros necesitamos personal de confianza que pueda desarrollar esta actividad con profesionalismo y la mejor capacitación”, aseveró. 

Pero también notificó que faltan 70 escoltas, vehículos e incluso gasolina: “a veces nos quedamos con los carros a mitad de camino, y eso ya no se convierte en un problema de logística sino de seguridad. Cuando uno está por ahí en una carretera sola y oscura, le llega cualquiera y hasta con una pistola de agua lo puede matar a uno”, expresó con inquietud.

Al respecto, Archila informó que el presidente Iván Duque ha señalado que hay “que hacer todo lo que corresponde para garantizar la seguridad de los excombatientes” y que para entender la magnitud del reto, recordó que se trata de unas 3.500 personas que están en los 24 antiguos ETCR y cerca de ocho mil que están en cualquier otra parte del país.

Para proteger los primeros, hay un batallón completo del Ejército en cada ETCR, unos 100 soldados y un batallón de la Policía realizando seguridad en los alrededores. Y para los segundos, Duque convocó a todas las entidades de seguridad hace unos tres meses y les pidió que tuvieran protocolos especiales para los excombatientes. 

“Fueron 21 medidas. Este grupo se reúne cada dos semanas (técnicos) y cada mes (jefes de organismos) para hacer seguimientos”, señaló.

Entre otros aspectos, Archila valora que después de tres años, “tenemos modificada nuestra Constitución, las tres instancias de la justicia transicional creadas, operando y con casos al tanto”. 

“Irlanda, que era el referente antes de que en Colombia se lograra el acuerdo, todavía no se ha puesto de acuerdo en su justicia transicional. Lo que pasa es que los colombianos somos particularmente buenos criticándonos a nosotros mismos, pero no vemos lo que eso significa como nación” concluyó. 

Entre tanto, Rodrigo Granda expone otros puntos que preocupan y es el doble discurso del Gobierno sobre la paz y las relaciones entre Colombia y Cuba, uno de los países garantes. 

“El Gobierno tiene dos discursos, uno en el que se compromete con el acuerdo de paz, y otro, el de la práctica, en el que no da los pasos necesarios que indiquen que hay una voluntad política para sacarlo adelante”, señaló. 

Y agregó: “en el caso de Cuba, ha habido un mal trato de parte de la diplomacia colombiana, que en vez de agradecer los esfuerzos y la conquista de haber podido firmar el acuerdo que lleva ese nombre, La Habana, nos dedicamos a hostigarlo, a tratar de romper relaciones con ellos”.

Para Granda, quien agradece los grandes esfuerzos y aportes de Noruega y otros países y organismos de la sociedad internacional, la situación es complicada y “eso debe conocerse”.

En todo caso, el exjefe guerrillero reconoce que la implementación en todo proceso de paz “es la parte más difícil” y afirma que “no se trata de un trabajo de uno o dos meses, sino de todo un periodo histórico”.

Algunos hechos ocurridos de este tercer año

En junio, después de una intensa batalla jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente Iván Duque Márquez sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reglamenta el sistema transicional de justicia pactado en el acuerdo de paz.

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En agosto, el Gobierno confirmó la transformación de los ETCR, es decir, la integración de estos espacios al ordenamiento jurídico del país.

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Uno de los casos que más sacudió al país y generó una tormenta política fue el asesinato a finales de abril de Dimar Torres, un excombatiente de Farc en proceso de reincorporación, en el municipio de Convención, en Norte de Santander. Este crimen habría sido cometido por un soldado del Ejército colombiano.

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Así mismo, la denuncia que hizo el senador Roy Barreras sobre un bombardeo a un campamento disidente en agosto de 2019, dirigido contra el guerrillero alias 'Gildardo Cucho', en el que murieron al menos 18 menores de edad. Por este hecho, cayó el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

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