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¿Está Bogotá bajo la amenaza de grupos armados del crimen organizado?

Cerca de 200 personas han denunciado amenazas de organizaciones criminales en la capital colombiana desde finales de 2017 y hasta principios de 2019.

Ekip  | 13.09.2019 - Actualızacıón : 16.09.2019
¿Está Bogotá bajo la amenaza de grupos armados del crimen organizado? El panorama descrito por la Defensoría y los denunciantes alerta sobre la situación de seguridad en la que se encuentra la capital colombiana, ad portas de las elecciones del próximo mes. (Juancho Torres - Agencia Anadolu)

Colombia

Los hallazgos de cuerpos desmembrados en Bogotá a finales del pasado mes de julio en las localidades de Fontibón y Engativá, suroccidente de la ciudad, pueden ser indicio de que el crimen organizado se instaló en algunos sectores capitalinos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó en agosto, en la ampliación que hizo de la alerta 023 de junio de 2019 sobre la capital colombiana, que un cuerpo encontrado en Engativá fue hallado el 15 de julio en el barrio Villa Luz, perteneciente a dicha localidad. Según el ente de vigilancia, habría sido trasladado desde el municipio de Soacha, en el sur de la capital. También habló sobre la aparición de la parte de otro cuerpo en el barrio La Felicidad de Fontibón.

Bogotá ha sido incluida por la Defensoría del Pueblo como una de las 176 poblaciones con un riesgo electoral alto previo a las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo 27 de octubre en Colombia.

La entidad define como de riesgo alto a los municipios donde existen indicios de alta probabilidad a que ocurran hechos de violencia cometidos por grupos al margen de la ley contra aspirantes, candidatos, partidos políticos, autoridades y comunidades, “en el marco del proceso electoral, así como aquellos donde se registra la consumación de dichas amenazas”.

Además, la Agencia Anadolu conoció que a las alertas de la entidad se suman las denuncias hechas por cerca de 200 personas sobre amenazas de organizaciones criminales en la capital colombiana, desde finales de 2017 hasta principios de 2019.

Dicha cantidad de personas denunciantes hace parte de al menos 350 que fueron amenazadas por su liderazgo en la ciudad, defender los derechos humanos o, simplemente, ser víctimas perseguidas del conflicto que se vive en otras zonas del país. Cerca de 150 fueron amenazadas en ese período por grupos que se denominan como las Águilas Negras.

Los grupos Clan del Golfo y el Clan Úsuga fueron señalados por 10 personas. A las disidencias de las Farc y las autodefensas gaitanistas las señalan, para cada uno, ese mismo número de denunciantes. El ELN también fue mencionado en al menos una oportunidad. 150 de los 350 denunciantes fueron amenazados por la delincuencia común en casos donde no se puede identificar si hay relación de una organización criminal, aunque exista la sospecha.

Los denunciantes fueron, en su mayoría, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, líderes sindicales y víctimas del conflicto armado que llegaron a la ciudad a reclamar algún tipo de reparación. En menor cantidad, estudiantes, comerciantes, profesores, servidores públicos, religiosos y periodistas.

Las denuncias coinciden con el panorama advertido por la Defensoría del Pueblo en sus alertas, la 086 de diciembre de 2018, y la 023, que fue extendida en agosto.

Mediante la alerta temprana 086, el ente de vigilancia indicó que en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal se detectaron amenazas de presuntos integrantes de Grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las AUC (Gaipauc), conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras - Bloque Capital y los Rastrojos.

La entidad detalló que el interés de los grupos de delincuencia organizada sería tener control territorial en algunas zonas de las tres localidades. El tráfico de drogas y de armas sería el fin último de las estructuras criminales, aunque también se han denunciado presuntos casos de reclutamiento forzado.

En junio pasado, la Defensoría emitió la alerta temprana sobre las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, bajo amenaza de grupos armados organizados, especialmente presuntos integrantes de los Gaipauc.

La entidad añadió, en esa misma alerta de mediados de 2019, que habría presencia en estas tres localidades "de estructuras armadas como “Los Costeños", “Los Paisas” y de miembros de las disidencias de las Farc”.

El nuevo llamado de la Defensoría no eliminó la alerta de diciembre de 2018, por lo que totalizó seis localidades bogotanas que se encuentran bajo acecho.

La Defensoría advirtió que los líderes sociales, defensores de derechos humanos, integrantes de movimientos ambientales y de partidos políticos en oposición, así como excombatientes de las Farc, estudiantes, docentes y comerciantes se encuentran en riesgo por la acción de los armados en las localidades.

Los migrantes venezolanos y supuestos consumidores de estupefacientes, entre otros, también fueron identificados como poblaciones vulnerables ante dicha criminalidad.

“Buscan asfixiar las denuncias y reclamos comunitarios sobre aquellos problemas que perturban su convivencia y seguridad ciudadana, tales como el tráfico de drogas y de armas y la permanente utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al interior de estas estructuras”, alertó la Defensoría del Pueblo sobre el propósito de los armados.

Para la entidad, el hallazgo de los cuerpos desmembrados evidencia una expansión en los últimos meses de la penetración del crimen organizado en Bogotá, especialmente por parte de los Gaipuc, hacia localidades como Fontibón y Engativá. Es por esto que divulgó su alerta 023.

La Defensoría menciona que otro elemento que llevó a incluir a Engativá como parte de las localidades amenazadas es la presencia de células urbanas de la guerrilla del ELN, “quienes al parecer estarían promoviendo acciones de reclutamiento forzado” en el sector.

El panorama sobre la situación de seguridad de la ciudad evidencia que Las Águilas Negras son identificadas como el grupo que más amenazado tiene a Bogotá. Esa organización, sin embargo, según ha explicado el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, “no existe, ni tiene campamentos ni comandantes”.

“El último registro de Águilas Negras fue hace siete años. Eso es una fachada que utilizan civiles, sicarios, agentes estatales y sobre todo el Clan del Golfo para que no los identifiquen cuando cometen los crímenes. Por eso es importante que se identifiquen los autores intelectuales y no solo materiales”, aseveró Ávila.

El panorama descrito por la Defensoría y los denunciantes alerta sobre la situación de seguridad en la que se encuentra la capital colombiana, ad portas de las elecciones del próximo mes.

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