Análisis

Sanción por parte de EEUU a Jefe del Ejército pone en entredicho a militares en Nicaragua

El Departamento del Tesoro señala al general Julio César Avilés de negarse a desarmar grupos parapoliciales al servicio del Gobierno de Daniel Ortega. La institución se había mantenido al margen de los señalamientos de violaciones a los DDHH.

Wilfredo Miranda Aburto   | 23.05.2020
Sanción por parte de EEUU a Jefe del Ejército pone en entredicho a militares en Nicaragua El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, junto al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. (CRÉDITO OBLIGATORIO: Presidencia de Nicaragua - CORTESÍA - AGENCIA ANADOLU)

Nicaragua

Por: Wilfredo Miranda Aburto

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un duro golpe al gobierno de Daniel Ortega al sancionar al general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua.

Pese a que Washington ya había puesto los ojos en una decena de funcionarios sandinistas, es la primera vez que apuntan a la jefatura militar y pone en entredicho a la institución castrense, que ha hecho de todo para mantenerse al margen de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos que penden sobre el Ejecutivo nicaragüense desde abril de 2018, cuando explotaron las protestas sociales que dejaron más de 325 asesinados, según organizaciones de derechos humanos.

El Departamento del Tesoro sancionó al general Avilés por “estar alineado políticamente con el presidente Ortega, y por negarse a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales”, grupos armados que han estado involucrados con la muerte de cientos de personas en las protestas de 2018. 

Al margen de la ley

Estos grupos armados al margen de la ley, según algunos testigos, gritaban la consigna “el comandante se queda”, en referencia a Daniel Ortega, durante los crímenes. Los paramilitares al parecer fueron los ejecutores de la “Operación Limpieza”, por primera vez civiles con armamento bélico tomaron el control de las ciudades que se manifestaban contra el gobierno, y cometieron la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales contabilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Los ‘parapolicías’ portaban arsenal bélico que incluía AK 47, Dragunov, ametralladoras PKM, M 16, Remington 700, Jericho 941, y Mossberg 500. Armas de guerras convencionales que, en teoría, solo están en control de la institución castrense, sospechas que avivan aún más la responsabilidad militar en los hechos.

Sin embargo, la jefatura militar ha negado rotundamente que ellos armaran a estos civiles, pero ahora el Departamento del Tesoro estadounidense acusa al General Avilés por armar a estos grupos. Aunque la principal crítica al Ejército nicaragüense ha sido la inacción ante estos grupos, que las mismas denunicas los señalan de seguir operando en Nicaragua acosando a ciudadanos opositores. Los militares no han desarmado a los ‘parapolicías’, desatendiendo su obligación constitucional de neutralizar a todo grupo armado no contemplado legalmente. Incluso, el mismo general Avilés negó que en Nicaragua existieran “grupos paramilitares”, pese a la cantidad de pruebas documentales y videográficas recopiladas por organismos de derechos humanos.

En julio de 2019, el general Avilés dijo que el Ejército no tiene base legal, ni estructura ni equipamiento para desarmar a los grupos parapoliciales. “Es a la Policía a la que le corresponde ejercer sus funciones de orden público y es ella la que en el marco de lo que tienen instituido en su ley, en la ley policial, de la forma que más conviene proceder en sus niveles de actuación”, dijo, pese al mandato constitucional claro para el Ejército. No obstante, fuentes militares aseguran que la decisión de no desarmar estos grupos es para no contradecir al Ejecutivo dirigido por Ortega.

“La sanción toca a un miembro activo del Ejército nicaragüense y afecta a la institución y al Estado en un momento donde hay un vacío de poder en Nicaragua…hay una incapacidad mental del presidente para gobernar y una sanción para el jefe del ejército sólo debilita la institucionalidad”, dijo el catedrático del Diálogo Interamericano Manuel Orozco.

Mensaje para el Ejército

Estados Unidos ya había sancionado a los ‘ejecutores’ relacionados con la represión en la Policía Nacional, pero se había abstenido de apuntar a los mandos militares. Fuentes en Washington señalan que la razón para no sancionar antes al Ejército, es que temían que los militares se plegaran totalmente al Ejecutivo sandinista, como sucede en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Sin embargo, en la práctica, el general Avilés actúa como un subordinado del presidente Ortega, al punto que ha sido prorrogado en su cargo tres veces consecutivas, instalando un tapón en la sucesión militar. “Estados Unidos ahora ve un escenario claro en términos de desenlace: esperaban que el Ejército cambiara su comportamiento frente a estos gruposarmados, pero la actuación política del alto mando no ha variado”, dijo a la Agencia Anadolu la experta en seguridad Elvira Cuadra.

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Aunque el Departamento del Tesoro había sancionado antes a militares en retiro, ahora “la presión es contra la institución”, advierte Cuadra. “Puede suceder algo similar que con la policía: primero sancionaron a su director, a mandos intermedios y como no hubo rectificación, al final Estados Unidos sancionó a la institución policial como tal. Eso puede pasar con el Ejército. Es un mensaje a la oficialidad”, aseguró Cuadra, en referencia a los intereses económicos militares, que son variados e incluso cotizan en la bolsa de valores de New York.

El analista político Edmundo Jarquín aseguró que el Ejército puede ver en la sanción el incentivo para que “como institución cumpla su reiterado compromiso, en varios comunicados, por una solución pacífica de la crisis política”.

Junto al general Avilés también fue sancionado el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. “Es un duro golpe al Gobierno de Ortega, porque el Departamento del Tesoro trastoca las finanzas y las fuerzas armadas, dos actores claves en la constitución de un Estado. Al Ejército no le alcanzó la campaña de relaciones públicas para lavarse la cara sobre su implicación en la represión”, enfatizó Cuadra.

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