Análisis

Los mecanismos que tiene Bangladés para que Birmania pague por crímenes contra los rohinyá

Este país debería pedirle a la Corte Internacional de Justicia que obligue a Birmania a pagarles una compensación económica por albergar los sobrevivientes del genocidio.

Maung Zarni   | 08.07.2019
Los mecanismos que tiene Bangladés para que Birmania pague por crímenes contra los rohinyá COX'S BAZAR, BANGLADÉS - 08 DE ABRIL: Rohinyás en el campamento de refugiados Kutupalong en Maynard Guna, cerca de Cox's Bazar, Bangladés el 8 de abril de 2018. Los rohinyás, que huyeron debido a la persecución en Birmania, viven en condiciones difíciles en asentamientos de emergencia hechos de bambú y ladrillo en Kutupalong. (Arif Hüdaverdi Yaman - Agencia Anadolu)

LONDRES

Por: Maung Zarni* 

La semana pasada, la misión investigadora de la ONU encabezada por el experto en derechos humanos Chris Sidoti, la alta comisionada de Bangladés para Reino Unido, Saida Muna Tasneem, y varios expertos de Bangladés se reunió en Londres para hablar sobre un tema que, aunque ha sido ignorado, es de mucha importancia: el desafío que implica repatriar a 1,2 millones de refugiados rohinyá a sus hogares en Birmania.

Esta discusión se dio después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, Abulkalam Abdul Momen, acusara a Birmania de estar “mintiendo” sobre el estatus de la repatriación de los refugiados rohinyá a sus lugares de origen.

Aunque los dos países firmaron un acuerdo de repatriación en octubre de 2018, según la ONU y otros observadores internacionales las condiciones favorables para que los rohinyá puedan regresar a sus hogares son inexistentes.

De las 800 aldeas que se dijo que harían parte de los esfuerzos de repatriación, se cree que solo dos cuentan con condiciones favorables para el regreso de la minoría musulmana.

Pero este es el problema: la presencia a largo plazo y de gran escala del pueblo rohinyá en Bangladés es insostenible.

El gobierno de Bangladés ha estado luchando para abordar las necesidades básicas de la segunda población de refugiados más grande del mundo. Abul Kalam, comisionado de refugiados y repatriación de Bangladés, declaró que solo “se ha cumplido con un 22% de la petición de fondos, del total de USD 920 millones anuales solicitados para el Plan Conjunto de Respuesta para la crisis humanitaria de los rohinyá”.

Bangladés simplemente carece de recursos para hacer frente a la obligación de tener que dar albergue y comida a los 1,2 millones de rohinyá que sobrevivieron al genocidio en el estado de Rakáin.

También es injusto que se le deje solo a Bangladés la responsabilidad de manejar la carga que suponen los refugiados sin un apoyo suficiente por parte de la comunidad internacional.

Pero, por otro lado, permitirles a los rohinyá que se establezcan de manera permanente en Bangladés sería validar el régimen del genocidio en Birmania. Desde febrero de 1978, con la dictadura militar del general Ne Win y su campaña premeditada para eliminar la presencia de los rohinyá del occidente de Birmania, el país ha asumido una misión de terrorismo en contra de la población que reside en el estado occidental de Rakáin.

Al hacer esto, los regímenes sucesivos de Birmania, de tipo civil y militar, han acudido a todos los medios violentos, institucionales y legales a su disposición. En las últimas cuatro décadas, Birmania ha cambiado sin descanso las justificaciones oficiales de su persecución dirigida por el estado a los musulmanes rohinyá.

Entre las justificaciones que se han usado se encuentran las “preocupaciones por el dominio demográfico de los musulmanes” en el occidente de Birmania, el “conflicto comunal” y la “amenaza terrorista”. O, tal y como Aung San Suu Kyi le argumentó al primer ministro indio, Narendra Modi, en octubre de 2017, también se trata de “operaciones de limpieza de seguridad” o “asuntos pendientes de la Segunda Guerra Mundial”, según lo propuesto por el socio militar de Suu Kyi, el general Min Aung Hlaing.

En el imaginario nacional birmano, el proyecto de genocidio de su gobierno busca convertir a Rakáin en un estado únicamente “budista”, como lo fue en un principio, liberando a la región de los intrusos “bengalíes”.

La pregunta que intentaron abordar los líderes de Bangladés, junto con aquellos que participaron en la reunión de Londres la semana pasada, fue: ¿Por qué los vecinos que destruyeron sistemáticamente casi 400 aldeas en cuestión de semanas, ocupando la vasta e importante región birmana de Rakáin cooperarían con Daca para la repatriación de casi tres cuartos de toda la población rohinyá?

Teniendo presente este contexto cultural y político, es crucial reconocer los miedos que por tantos años han aquejado al pueblo rohinyá para entender por qué no ha tenido éxito este esquema voluntario.

Si Birmania no hace nada para mitigar los temores de los rohinyá a que se reaunude la violencia en su contra, cualquier plan de repatriación seguirá siendo muy poco probable. Ningún musulmán rohinyá cuerdo regresará de manera voluntaria a Birmania, no sin antes contar con protección internacional, una ciudadanía restaurada y el respeto de sus derechos humanos básicos.

Entonces, ¿cuáles son las opciones estratégicas de Daca? La primera es una de tres propuestas hechas por la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, y es la creación de una “zona segura” al interior del estado de Rakáin.

Por mi parte, creo que el establecimiento de una zona segura donde los rohinyá puedan regresar, vivir bajo la protección de una coalición de actores internacionales, armados o desarmados, es un plan potencialmente viable para abordar las necesidades de retorno de esta población, así como la necesidad de Daca de repatriar el gran número de refugiados.

No hace falta decir que Birmania se opondrá violentamente a la idea. Algunos funcionarios birmanos ya han rechazado públicamente la propuesta de zona segura por motivos de soberanía.

Una posibilidad provisional

En segundo lugar, Daca debería buscar una posibilidad provisional: obligar a Birmania a pagar en compensación a Bangladés por albergar a los sobrevivientes de este genocidio.

Esta exigencia debería hacer parte de las “medidas inmediatas” que Bangladés, un Estado que participó en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, le puede pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Daca puede realizar esta demanda de manera unilateral por medio de la CIJ, o en conjunto con otros países como Malasia, que también comparte la carga de los refugiados, ya que hay 200.000 rohinyá en su territorio.

Por otro lado, Daca también se puede unir a la iniciativa liderada por Gambia, de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), para asumir un desafío legal y exigir justicia y que se rindan cuentas por el genocidio.

La ONU ya había sugerido en 2018 que los líderes militares deberían enfrentarse a cargos de genocidio y este mes la abogada de Gambia, Fatou Bensouda, les solicitó a los jueces de la CIJ que abrieran una investigación sobre estas acusaciones.

Por último, ¿por qué no encontrar la manera en la que Bangladés, que se ha encargado financieramente de más de un millón de refugiados rohinyá, obtenga una compensación por parte de Birmania? Daca debería incluir un pago anual de USD 1.000 millones de Birmania en la medida de la OCI.

La implementación de un elemento de disuasión económica puede desalentar a otros Estados de participar en la limpieza étnica y la deportación forzada de grupos étnicos minoritarios. Los otros 150 Estados que son parte de la Convención sobre el Genocidio y que todavía no están preparados para participar de manera significativa para poner fin al genocidio en curso de Birmania deben hacer su parte para respaldar un desafío legal en la Corte Internacional de Justicia.

El 1 de julio, el Parlamento de Holanda aprobó una moción apoyada por dos tercios de los legisladores que solicita que el gobierno explore procedimientos legales en contra de Birmania ante la CIJ por violar sus obligaciones en el marco de la Convención del Genocidio. Los parlamentarios de Bangladés deberían seguir los pasos de los legisladores holandeses.

Birmania, como Estado perpetrador, tiene que pagar por sus crímenes, literalmente.

*Maung Zarni es el coordinador birmano de la Coalición Rohinyá Libre, una red de refugiados rohinyá y activistas de derechos humanos. Es coautor, junto con Natalie Brinham, de 'Ensayos sobre el Genocidio en Birmania'.

**Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.

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