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El gobierno birmano sigue negando obstinadamente el genocidio rohinyá

La líder de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, y sus cómplices deberían saber que la negación hace parte del genocidio.

Maung Zarni   | 22.01.2020
El gobierno birmano sigue negando obstinadamente el genocidio rohinyá En medio de las crecientes denuncias mundiales del genocidio en Myanmar contra los rohinyá, el presidente del país, Win Myint, que sirve como representante de Suu Kyi, estableció la Comisión de Investigación Independiente el 30 de julio de 2018. (Gamze Turkoglu Oguz - Agencia Anadolu)

LONDRES

Por: Maung Zarni

Después de haber recibido este lunes al presidente de China, Xi Jinping, para firmar un total de 33 acuerdos, incluidos tratados comerciales, Memorandos de Entendimiento, acuerdos de asociación estratégica y cooperación técnica, la líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, era toda sonrisas de nuevo.

En el sitio web oficial de la Comisión de Investigación Independiente de Myanmar, la sonriente Suu Kyi fue vista posando para las cámaras mientras la ex Viceministra de Relaciones Exteriores de Filipinas, Rosario Manalo, le presentaba el informe final de la Comisión de Investigación Independiente establecida en Myanmar, presidido por la diplomática filipina.

La Coalición Rohinyá Libre, una red internacional de activistas rohinyá refugiados y sus partidarios, emitió una declaración en la que refutaba los hallazgos de la comisión, que señalaba que “no” hay evidencia o que esta es “insuficiente” para establecer la intención genocida detrás de la destrucción en Myanmar de la comunidad rohinyá, en el estado de Rakáin, y las deportaciones masivas de aproximadamente 800.000 rohinyá a Bangladés entre 2016 y 2017.

Nay San Lwin, cofundador y coordinador de la coalición, dijo: “Esta es otra comisión de Myanmar creada para negar y descartar los hallazgos creíbles del genocidio actual e histórico de nuestro pueblo rohinyá. La Comisión no ha establecido los hechos, sino que simplemente entregó un grueso paquete de mentiras, distorsiones y negaciones para el uso de Myanmar en varios tribunales internacionales”.

Tanto el informe de la comisión como los asesores legales argumentaron que las fuerzas de seguridad de Myanmar pudieron haber usado fuerza “desproporcionada”, que cometieron crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos, pero que no hubo actos de genocidio.

Estos hallazgos juegan a favor de los perpetradores, que son plenamente conscientes de que procesarlos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no será competencia de la corte. La Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto de la ONU, maneja solo disputas legales entre los estados miembros de la ONU y no procesa a líderes y funcionarios estatales individuales.

La admisión del informe de las irregularidades de Myanmar que afirma que crímenes de guerra, violaciones graves de los derechos humanos y el incumplimiento de la ley nacional tuvieron lugar durante las operaciones de seguridad del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2017, simplemente reitera el argumento legal de Myanmar. Al evaluar el caso de la CIJ, el informe también contradice la declaración hecha anteriormente por la presidenta de la comisión, Manalo, en la que afirmó que su comisión no estaba preocupada por la responsabilidad. En sus palabras: “No es un enfoque diplomático...señalar con el dedo, culpar, decir: "usted es responsable”.

En medio de las crecientes denuncias mundiales del genocidio en curso de Myanmar contra los rohinyá, el presidente del país, Win Myint, que sirve como representante de Suu Kyi, estableció la Comisión de Investigación Independiente el 30 de julio de 2018. Está presidida por Manalo y está compuesta por tres comisionados adicionales, incluido el ex Director General de la Corte Suprema de Myanmar, Mya Thein, el ex Director General del Ministerio de Salud y Administración de Empresas de Myanmar, Aung Tun Thet, y el ex Embajador de Japón ante las Naciones Unidas, también ex vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Kenzo Oshima.

Tanto Japón como Filipinas han votado durante muchos años en contra de las resoluciones anuales contra Myanmar, en las que se condena al Estado asiático por sus graves violaciones al derecho Internacional y en las que piden una rendición de cuentas.

Adicional a esto, Aung Tun Thetes, es también el director de la Iniciativa Sindical de Asistencia Humanitaria, Reasentamiento y Desarrollo en Rakáin (UEHRD), una entidad gubernamental establecida por Suu Kyi. Los investigadores de la ONU han acusado a la UEHRD de consolidar las “consecuencias de los crímenes de guerra”, ya que ha confiscado vastas extensiones de tierra que pertenecieron a los rohinyá, y construye infraestructuras en esas tierras para dar paso a proyectos agrícolas e industriales.

Como se esperaba, el informe de la comisión encontró, de acuerdo con su comunicado de prensa oficial, que no había “un patrón de conducta a partir del cual se pudiera concluir razonablemente que los actos se cometieron con ‘intención genocida’”. Afirmó haber incluido “el contexto y antecedentes históricos del estado de Rakáin”.

Sin embargo, los estudios de investigación legales y de derechos humanos que han cubierto el mismo contexto y antecedentes históricos de los rohinyá de Rakáin han llegado a la conclusión de que Myanmar tiene una política bien documentada de discriminación, privación de derechos, persecución y violencia contra la identidad, cultura, idioma y fe de este grupo en los últimos 40 años.

Dichos estudios establecieron que Myanmar adoptó una política de destrucción genocida en contra de los rohinyá como un grupo. La Misión Internacional de Investigación designada por la ONU y sus dos grandes reportes, emitidos en 2018 y 2019, solo han reforzado los descubrimientos de los estudios previamente mencionados.

Entre los patrones de persecución contra los rohinyá se encuentran la desnacionalización del grupo como una minoría étnica, trabajos forzados, campañas crónicas de deportación, exclusión, negación de servicios básicos para la vida, ejecuciones sumarias, restricción severa del movimiento y propaganda dirigida por el Estado, que afirma que los rohinyá no existen a pesar de que los documentos oficiales e históricos indican lo opuesto.

Finalmente, la Comisión de Investigación “Independiente” de Suu Kyi calificó la deportación masiva, las muertes y la destrucción de los bienes de los rohinyá como resultado del “uso desproporcionado de la fuerza”, en respuesta al “conflicto armado interno” entre el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán​​ y el Ejército y Policía de Myanmar, sin la intención de destruir a la comunidad rohinyá en su totalidad o parcialmente.

Myanmar es un país nacido de la Segunda Guerra Mundial y es hogar de los conflictos armados más largos del mundo entre los gobiernos étnicamente birmanos y sus militares centrales y prácticamente todas las minorías nacionales. En total hay más de 20 organizaciones étnicas armadas que han surgido desde la independencia de Gran Bretaña en 1948 en todas las regiones de minorías nacionales.

Solo en 2019, el Ejército de Budistas de Rakáin ha librado 600 batallas contra las fuerzas de seguridad de Myanmar y afirmó haber matado a 3.000 miembros del Ejército y la Policía de Myanmar, algo que el Ministerio de Defensa de Myanmar no ha negado. Las comunidades budistas del estado del ejército pro-Arakán no han sido sometidas a la misma destrucción sistemática de grupos. En contraste, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán asesinó a 12 miembros del personal de seguridad de Myanmar en sus 30 redadas, nunca verificadas de forma independiente, entre agosto y septiembre de 2017.

La reacción inmediata de Myanmar fue la purga genocida de 750.000 musulmanes rohinyá, la destrucción de 390 aldeas de la minoría y la violación de miles de mujeres.

Los líderes birmanos pueden sentirse reconfortados ante la visita de Jinping, en la que China reiteró su protección a Myanmar ante cualquier foro de Naciones Unidas, y enmarcaron la búsqueda de la responsabilidad internacional por los crímenes de Myanmar como una amenaza a la soberanía y un acto de intimidación de “intervención”.

Pero Suu Kyi y sus cómplices deberían saber que la negación también hace parte del genocidio. Este reciente reporte de la comisión “independiente” birmana demuestra lo bajo que se hundirá el gobierno de coalición de Myanmar y el Ejército birmano en sus esfuerzos conjuntos para encubrir sus atroces crímenes de genocidio. La comunidad internacional debe garantizar que todos los mecanismos de justicia nacionales y globales se movilicen para hacer que los líderes de Myanmar paguen por su genocidio y la negación del genocidio.

*El escritor es el coordinador birmano de la Coalición Rohinyá Libre y miembro del Centro de Documentación de Genocidio en Camboya.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

*Traducido por Daniela Mendoza.

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